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Salina Cruz, Oax.- Los vientos del frente frío número 29 empiezan a sentirse en San Pedro Comitancillo. Las calles están semi vacías, dos hombres de la tercera edad charlan sentados sobre una banca en una esquina, la plaza frente al palacio municipal y la antigua iglesia blanca está desolada.
De este municipio, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, son Elena Solorza Cruz, una niña de seis años de edad y su abuela Hilda Alcántara Alvarado, quienes fallecieron durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico sobre la Línea Z en el tramo ubicado entre las poblaciones de Nizanda y Chivela de Asunción Ixtaltepec; descarrilamiento en el que también murieron otras 12 personas y más de 100 resultaron con lesiones, muchas de ellas de gravedad. La familia, sin embargo, se negó a aceptar una entrevista.
Lo mismo ocurre en Salina Cruz. Los familiares del profesor jubilado Berzaín Cruz López, y su esposa María Concepción Acevedo, y de Luisa Camila Serrano Moreno de 15 años de edad, - quienes murieron en este hecho ocurrido el 28 de diciembre de 2025, también rechazaron dar declaraciones tras intentar un acercamiento con ellos a través de terceros.
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En Santiago Laollaga, una abogada sobreviviente que viajaba en el tercer vagón de pasajeros en compañía de su hijo, expresó que estaba a la espera de la respuesta que le diera la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, y sólo a partir de eso, podría dar una declaración.
Mientras que en Matías Romero Avendaño, una mujer que también viajaba con su hijo rechazó dar entrevistas. “Acabo de iniciar el proceso de la indemnización, y no lo quiero afectar (el proceso)”, respondió en una llamada telefónica realizada a través de uno de sus familiares. Aquí en Matías Romero, los pobladores también mencionaron a una mujer identificada como Guadalupe Hernández entre las sobrevivientes, pero no fue posible localizarla.
También en Matías Romero Avendaño vive, a unas cuatro cuadras del mercado público, uno de los maquinistas que son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) como probables responsables del descarrilamiento del Tren Interoceánico. “Ni con nosotros quieren hablar”, afirman dirigentes del sindicato ferrocarrilero.
En la ciudad de Oaxaca, Karen Leyva, una de las víctimas sobrevivientes y esposa del periodista oaxaqueño Israel Enrique Gallegos Soto, quien falleció en el lugar del descarrilamiento, también rechazó dar una entrevista a EL UNIVERSAL.
De acuerdo con las autoridades municipales de San Pedro Comitancillo, la actitud de las víctimas y sus familias cambió a partir del condicionamiento impuesto por la Secretaría de Marina y por funcionarios de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas.
Por ejemplo, aseguran, uno de los hijos de Hilda Alcántara, la mujer de 73 años y abuela de la niña Elena Solorza, decidió no volver a dar una entrevista tras recibir una llamada intimidatoria de funcionarios del gobierno federal, y también, por temor a verse afectados en el proceso de indemnización.
“Había dado como tres entrevistas, luego se enojó con los reporteros porque supuestamente habían puesto cosas que no había dicho; pero fue a partir de que le llamaron por teléfono para preguntarle ¿qué le hacía falta?, esto por sus declaraciones a los reporteros”, detallan. La llamada había tenido un efecto intimidatorio.
Además, este hijo de Hilda Alcántara es diabético y ha perdido una pierna, según explican las autoridades de Comitancillo. Y el gobierno federal le prometió una prótesis. “Entonces, como que no quiere perder eso”, afirman.
Para Carlos Beas Torres, coordinador de la Unión de Comunidades Indígena de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), esta negativa de las víctimas y a sus familiares se trata de un “silencio impuesto”, “un silencio condicionado” y que es común cuando ocurren este tipo de incidentes.
“Hay una tendencia generalmente a tratar de minimizar y ocultar la información. La primera versión sobre el descarrilamiento del 28 de diciembre fue que había sido un incidente con 20 heridos, y trataron de ocultar la información. Yo creo que ahorita lo que están tratando es evitar que las víctimas tengan rostro”, dice.
Y menciona que lo mismo ocurrió cuando se descarriló el ferrocarril el 19 de febrero de 2022, en el cual no se registraron víctimas o personas lesionadas. En esa ocasión, el tren se descarriló por una falla en la vía – según informó la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Oaxaca – entre el kilómetro 164+680 y 165+680 entre las poblaciones de Sarabia y Palomares, en inmediaciones de Matías Romero Avendaño, y había partido de Medias Aguas, Veracruz, hacia Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Según Carlos Beas, también trataron de ocultar este descarrilamiento, pero tuvieron que dar información cuando pobladores de las comunidades empezaron a difundir en redes sociales imágenes y videos.
“Es esta opacidad de obligar a las víctimas… O sea, cómo se les ha tratado, qué es lo qué es lo que ha pasado con las víctimas y, entonces, sabemos que están a toda costa tratando de impedir que las víctimas emitan declaraciones, den a conocer el trato que recibieron. Y eso es parte de la política del Estado para minimizar y disminuir la gravedad del incidente”, sostiene.
Juan Manuel Iglesias López, una de las tres víctimas sobrevivientes que decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones contra las empresas Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y DANIFERROTOOLS, las principales contratistas del Tren Interoceánico, asegura que al principio trataron de amedrentarlo para no presentar la denuncia.
“Pero yo soy cristiano, soy auditor, soy contador y ante todo, la verdad”, agrega. Juan Manuel iba a bordo del tren junto con su esposa Flor del Carmen Temich y su hijo Alexis Iglesias, quienes viven en Ciudad Juárez, Chihuahua, y habían viajado a Oaxaca como misioneros para donar calzado, ropa y artículos ortopédicos.
Este amedrentamiento, explica, fue intentado por el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y electo por el partido Morena.
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“El presidente municipal de mi ciudad quiso de una cierta manera condicionar los apoyos y le dije, si eso está condicionado a que yo no demande, discúlpame, pero si fuera tu familia y tus hijos creo que estarías en la misma posición. ¿Por qué? Porque somos cuatro de familia. Sí. Tres de ellos estuvieron involucrados en el descarrilamiento.
“Imagínese, yo le exponía, que mi hijo estaría enterrando a su papá, mamá y al único hermano. Con todo el bendito dinero que usted le puede le pudiera haber indemnizado no repara ni quita el dolor de haber perdido a toda su familia. Es por eso que la demanda está ahí. Para que no se vuelva a repetir ningún acto de corrupción, ningún acto de omisión”, relata Juan Manuel Iglesias.
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