Hasta ahora, sostuvo que miles de personas indígenas se encuentran presas o sentenciadas porque no contaron con un intérprete de su lengua madre al castellano; incluso, afirmaron, muchas personas indígenas desconocen el motivo por el que están presas.
Pero “lo cierto es que ni el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ni el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reconocen tener el deber jurídico de formar, proporcionar y cubrir los honorarios de los traductores indígenas”.
Aunque constitucionalmente esté reconocido el derecho de las personas indígenas a contar con un intérprete o traductor cuando enfrenta un juicio, no existe una ley que regule qué institución del Estado debe formarlos, capacitarlos, cubrir los honorarios, protegerlos de los riesgos propio de la función y garantizar su seguridad social.
“Por tal motivo el 13 de enero de 2023, la joven abogada zapoteca presentó su demanda de amparo que tiene como propósito obligar a construir la Ley de Intérpretes y Traductores del Estado de Oaxaca.
“La demanda de amparo fue admitida por el juez quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca el día 18 de enero de 2023 y la audiencia constitucional está señalada para el día 15 de febrero de 2023”, precisó Litigio Estratégico Indígena.
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