Juxtlahuaca.— “Año con año, el gobierno mexicano celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero le sigue debiendo a las comunidades porque no tienen acceso a intérpretes, lo que viola sus derechos”, dice Flavio Vásquez, del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet).
En entrevista con EL UNIVERSAL, el coordinador de intérpretes y traductores en lenguas indígenas de Cepiadet, señala que no hay un padrón oficial en Oaxaca y son organismos como la Defensoría de los Derechos Humanos (DDHPO) los que cuentan con un registro, en su caso, de 130 intérpretes, mientras organizaciones como Cepiadet tienen 180.
“Hay intérpretes, pero no hay presupuesto”, insiste Flavio Vásquez, quien también destaca el salario “raquítico” que reciben por su trabajo y ejemplifica que en el Poder Judicial pagan 400 pesos por audiencia.
Para las personas que se dedican a traducir a alguna lengua indígena, este sueldo es insuficiente, explica el abogado, pues si detienen a alguien en un municipio distinto al del intérprete, ahí tienen que cubrir alimentación, transporte, hospedaje y demás gastos.
También, señala que los traductores se enfrentan a otros obstáculos, como la brecha digital. “Antes de la pandemia, los viáticos se hacían antes de la audiencia, pero ahora todo se volvió virtual y muchos de los intérpretes no tienen computadora o internet, así que tienen que viajar a otro lugar para poder conectarse”, refiere.
El coordinador agrega que a veces las audiencias inician tarde o se cancelan, y este tiempo de espera no se los pagan, pero “si la audiencia sólo dura 10 o 15 minutos, eso es lo que se les paga, unos 70 pesos”.
Además, los intérpretes enfrentan la falta de agilidad en los pagos, como es el caso del Poder Judicial en Oaxaca, que tiene pagos atrasados por honorarios y viáticos, desde 2020.
“No hay una política pública para el pago de los intérpretes, la Cámara de Diputados y el Senado no han determinado una partida para el Poder Judicial de Oaxaca, lo poco que hay es muy burocrático, pese a que el trabajo que hacen es fundamental en un proceso judicial, para garantizar los derechos de los pueblos indígenas”, finaliza.
