Acceso a la justicia y diálogo con víctimas de desplazamiento forzado en Oaxaca, retos de Jara: organizaciones
De las mil 328 víctimas de desplazamiento forzado en Oaxaca, la mayoría se concentra en pueblos indígenas de al menos cinco naciones: ikoots, ayuujk, nahuatlacatl, triquis y zapotecas
Juxtlahuaca.— Aun cuando no hay un conteo oficial de las víctimas de desplazamiento forzado interno en México, Oaxaca ocupa el tercer lugar nacional con mil 328 personas, sólo por debajo de Guerrero y Chiapas, estados donde las poblaciones indígenas se encuentran entre las más afectadas, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Sobre esta problemática, León Alberto Pérez Manzanera, de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz) indica que pese a los esfuerzos que se ha hecho en los últimos dos años, tras ser reconocido el Desplazamiento Forzado Interno (DFI), aún falta mucho por hacer, primero en reconocer el fenómeno y de ahí dignificar la travesía de los afectados por el mismo.
Ahora, señala, con el nuevo gobierno encabezado por Salomón Jara, entre los temas pendientes para atender este fenómeno están el acceso a la justicia y el diálogo con las comunidades afectadas, principalmente indígenas, dice el activista de Serapaz a EL UNIVERSAL, organización que ha sido parte de las mesas de diálogo para el retorno de las familias triquis desplazadas de Tierra Blanca Copala, en la Mixteca.
“El Estado tiene que retomar las diferentes denuncias y darle seguimiento a los argumentos que han puesto ambas organizaciones (MULT y MULTI), como un acto de voluntad por resolver la situación. El primer paso importante que las organizaciones y quienes están directamente involucrados reconocen es que es necesario dialogar y buscar otras maneras para transformar el conflicto en el que ya llevan sumergidos durante muchas décadas”, dice.
Foto: Edwin Hernández
No obstante, señala que el nuevo gobierno tiene la oportunidad de generar las bases para que el diálogo pueda ser real, suficiente y pueda ser finalmente una herramienta de transformación social.
“Creo que el gobierno también debe de tener la humildad de escuchar a la sociedad civil; fortalecer sus alianzas con el gobierno federal y con los gobiernos municipales. Pero también reconocer las necesidades y los retos que han dejado los gobiernos anteriores, para que entonces se puedan transformar en fortalezas y que este proceso de diálogo pueda tener éxito”, afirma Pérez Manzanera.
De acuerdo con datos de la CMDPDH, de las mil 328 víctimas de desplazamiento forzado en Oaxaca, la mayoría se concentra en pueblos indígenas, de al menos cinco naciones: ikoots, ayuujk, nahuatlacatl, yuvii chianj o triquis de Copala y bini 'zaa o zapotecas.
Entre las comunidades afectadas hasta finales de 2020 en Oaxaca destacan San Bernardino, en el municipio de Teotitlán de Flores Magón; Huazantlán del Río, en San Mateo del Mar; Loma Santa Cruz y San Antonio del Valle, en San Juan Mazatlán; Río Santiago en Santiago Textitlán y Tierra Blanca Copala en Santiago Juxtlahuaca.
Otras localidades como las de San Esteban Atatlahuca se han sumado a la lista de afectados tras ser desplazados en 2021.
Foto: Edwin Hernández
Un problema nacional
Sólo de enero a diciembre de 2020, la comisión registró 24 episodios de desplazamiento masivo causado por violencia en ocho estados, 25 municipios y 66 localidades de México.
Las localidades que registraron más episodios se ubican en Guerrero y Oaxaca, con cinco episodios cada entidad, en los que predominan las problemáticas causadas por la violencia política, así como los conflictos sociales y territoriales, de acuerdo con el informe.
La problemática en los estados del sur del país es de tal magnitud, señalan las cifras, que entre Guerrero, Chiapas y Oaxaca concentraron más de 75% de las personas desplazadas en 2020.
“En Oaxaca las disputas agrarias o los conflictos intercomunitarios sí han sido una causante muy importante en desplazamiento forzado; sin embargo, cuando las personas son desplazadas de su comunidad porque no tienen la posibilidad de vivir de manera digna con lo que tienen, tampoco se ha podido cuantificar”, detalla el representante de Serapaz.
Foto: Edwin Hernández
En este sentido, León Alberto Pérez Manzanera indica que el Estado tiene una responsabilidad importante, para la atención de esta problemática.
Sobre los avances en la legislación, el 29 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Íntegramente el Desplazamiento Forzado Interno, pero espera dictaminación en el Senado de la República.
En el caso de Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz anunció que presentará ante el Congreso un paquete de iniciativas, entre las que se encuentran la Ley de Desplazamiento Forzado Interno.
