Acredita Defensoría de Oaxaca detención arbitraria y tortura de parte de agentes la fiscalía estatal
El órgano autónomo emitió una recomendación a la fiscalía oaxaqueña para que la víctima sea reconocida como tal, se le repare el daño y se le ofrezca una disculpa pública
Oaxaca de Juárez.— La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) acreditó una serie de anomalías en el actuar del personal de la Agencia Estatal fe Investigaciones (AEI), adscrita a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en las cuales se incluyen detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos.
Ante ello el órgano autónomo dirigió la Recomendación 04/2023 a la FGEO, por la detención y retención arbitraria, así como por la agresión perpetrada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en contra de una persona en el municipio de Asunción Nochixtlán, en la Mixteca de Oaxaca, a quien se le vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal.
De acuerdo con la DDHPO, la Defensoría Regional de Nochixtlán recibió el 29 de enero del 2019 el escrito de queja presentado por la víctima, en el que relató que “el 28 de enero del 2019, aproximadamente a las 18:30 horas, fue detenido arbitrariamente, agredido física y psicológicamente por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones”.
Tras tener conocimiento del caso, afirma la DDHPO, su personal solicitó información a la FGEO, y se recabaron testimonios de personas que presenciaron el suceso; además, se consultó la carpeta de investigación radicada en la Unidad Especial de Tortura de la de la FGEO.
“Con base en las evidencias obtenidas por esta DDHPO se pudo acreditar que el día de los hechos, las personas servidoras públicas de la Agencia Estatal de Investigaciones de la FGEO, no respetaron los lineamientos legales, constitucionales y convencionales al privar de la libertad, detener y retener arbitrariamente a la víctima sin orden de aprehensión, ni encontrarse acreditada la flagrancia o caso urgente; por tanto, vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal”, indicó el órgano autónomo en un comunicado.
La Defensoría también evidenció que desde el punto de vista médico y psicológico, y con base en las directrices dispuestas en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul), “se contaron con elementos concordantes y congruentes de abuso físico y psicológico relacionado con un alegato de tortura y/o malos tratos en agravio de la víctima, que vulneraron su derecho a la integridad y seguridad personal”.
Ante ello, la DDHPO solicitó a la fiscalía estatal se coordine con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y/o con la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, para la inscripción del agraviado en el Registro Nacional y Estatal de Víctimas, y se proceda a la reparación integral del daño que se le causó, que incluya “una compensación justa, en términos de la Ley General de Víctimas y de la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, y se le otorgue la atención médica y psicológica que requiera, la cual deberá brindarse por personal profesional especializado y de forma continua, atendiendo a sus necesidades específicas en el que se deberá considerar la rehabilitación y proveerle de los medicamentes convenientes a su situación”.
Además, en la medida se requirió que se realice un estudio técnico-jurídico de la carpeta de investigación radicada en la Unidad Especial de Tortura de la FGEO, con la finalidad de que se agilicen las investigaciones respectivas para su debida integración y perfeccionamiento, de tal manera que la víctima tenga un debido acceso a la justicia y a la verdad en el esclarecimiento de los hechos; así como “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado, ofreciendo una disculpa pública a la víctima”.
También se solicitó que se implemente un curso integral al personal de la Agencia Estatal de Investigaciones sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal, así como a la integridad y seguridad personal, además de diseñar un Protocolo de Actuación Policial con objeto de que los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, realicen actos de investigación previos, profesionales y adecuados para la ejecución de mandamientos judiciales o ministeriales, que permitan corroboran fehacientemente la identidad de la persona que se pretenda detener.
