Acusaciones de corrupción y despojo frenan tercer parque industrial del Interoceánico en Oaxaca

Juchitán.— De los tres parques industriales que el gobierno federal planea desarrollar en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), con la participación del sector privado, el de San Blas Atempa está en suspenso debido a que la asamblea comunal que autorizó su instalación enfrenta un juicio de nulidad en  el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Tuxtepec por presuntas irregularidades.

El agente municipal comunitario de Puente Madera, en San Blas Atempa, David Hernández Salazar, detenido unas horas el 17 de enero pasado por agentes de la fiscalía estatal, explica que no está en contra del parque industrial, sino del procedimiento por el que se autorizó la venta de tierras de El Pitayal.

“No podemos avalar un procedimiento plagado de vicios, como el hecho de que en la asamblea del 14 de marzo de 2021 aparece la firma del señor Inocencio Morales, comunero que falleció en el mes de enero de 2020, dando su consentimiento para la venta de un poco más de 300 hectáreas y el permiso para que se instale el parque industrial en el paraje Los Robles de El Pitayal”, señala. 

 

 

David Hernández Salazar supo en diciembre de 2020 de las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de instalar un Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebis) en San Blas. Entonces ya era agente municipal de Puente Madera.

“Me fue a visitar el entonces presidente municipal de San Blas Atempa, Antonino Morales Toledo, actual secretario de Administración de Oaxaca, quien me platicó de ese proyecto y me pidió que juntos buscáramos un terreno. Visitamos los parajes del  Rancho La Fortuna, El Puente Barandal y Los Robles.

“Hablamos con la gente, les informamos del proyecto, el ‘progreso’ era la meta o la palabra prometida. Todo iba bien, aparentemente, cuando nos dimos cuenta que de pronto aparecieron dueños de tierras de uso común del paraje El Roble, donde una asamblea fraudulenta aceptó vender”.

Ahí, afirma, nació su inconformidad, molestia y rechazo, “porque de pronto tierras que no estaban parceladas, que toda la comunidad compartía para ir a cortar la leña o llevar los chivos a comer entre los arbustos, surgieron propietarios que se prestaron a una asamblea amañada con tal de beneficiarse, como finalmente ocurrió con el pago de 52 millones de pesos”.

David Hernández sospecha que autoridades federales fueron corruptas o actuaron de mala fe; de otra forma, “¿por qué procedió la compra-venta de las tierras si presentamos un juicio de nulidad ante el TUA que aún no se resuelve?”.

Vinculado a los delitos de daños por incendio y lesiones dolosas, el dirigente comunitario, respaldado por la Asamblea Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y el Foro de Organizaciones Oaxaqueñas (Foro), alista su defensa para una audiencia el 22 de marzo.

Pero no es el único que enfrenta denuncias penales por su lucha de defensa del territorio pues, en total, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha girado 17 órdenes de aprehensión contra de integrantes de la asamblea. Se trata, afirman, de la criminalización de la protesta. 

“Vamos a echar abajo sus falsas acusaciones, pero antes, el 9 de febrero, haremos una nueva movilización desde Rancho Llano, San Blas Atempa, en repudio a la asamblea manipulada por el actual secretario de Administración, Antonino Morales.

 

 

“Nosotros queremos dialogar, queremos explicarle al nuevo gobierno de Oaxaca que no estamos contra el proyecto del Corredor Interoceánico, que estamos en contra del procedimiento fraudulento de venta de tierras y seguiremos en la defensa de ellas. Ya nos contactó el secretario de Gobierno, Jesús Romero, y esperamos ese encuentro con él”.

 

“No es conflicto interno, es despojo”

 

Luego de que el gobernador Salomón Jara afirmó que estas denuncias provienen de un “conflicto interno”, la APIIDTT y la Asamblea Comunitaria de Puente Madera difundieron un posicionamiento en el que afirman que no existe tal pugna.

“No hay un conflicto interno por la posesión de las tierras, lo que hay es una política de imposición y de despojo, acompañada de un permanente hostigamiento y criminalización de la resistencia”, sentenciaron.

Mientras tanto, el comisariado de bienes comunales de Ciudad Ixtepec, Obeth Ortega Martínez, confirma que el gobierno federal, a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe)  liberó 11 millones de pesos a favor de 60 personas, entre posesionarios y comuneros de más de 400 hectáreas destinadas a un parque industrial.

En Santa María Mixtequilla, donde se instalará otro de los polos, los comuneros confirman que desde  2022 el Fifonafe liberó la mitad del costo de 528 hectáreas: “Nos depositaron 40 millones, pero falta que se cubran la otra parte”.

La instalación de dichos parques industriales forman parte de una serie de acciones que impulsa el gobierno federal en el sureste del país que, según sus estimaciones, beneficiará a los habitantes de uno 77 municipios ubicados en el Corredor Interoceánico y que forman parte de las entidades de Oaxaca y Veracruz, donde se moderniza el Tren Transístmico.

El 2 de febrero pasado, los decretos de expropiación por causa de utilidad pública de 502 hectáreas en Mixtequilla y 412 en Ixtepec fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, a favor del CIIT; mientras que según la Secretaría de Economía federal, en febrero comenzarán las licitaciones de los Podebis  bajo los criterios del monto a invertir, el número de empleos a generar y el pago a la mano de obra.

 

 

Hasta ahora, solo se sabe que son agroindustrias, de manufactura y electrodomésticos, las empresas interesadas.