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La propuesta denominada Ley 3 de 3 contra la violencia de género, presentada por Concepción Rueda, impide que sean nombrados como servidores públicos personas que hayan sido sancionadas, condenadas o vinculadas a proceso, por violencia familiar, agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales o a la intimidad corporal, quienes estén inscritos o tienen registro vigente como deudores alimentarios, mediante resolución.
En su intervención en el pleno del Poder Legislativo sostuvo que no existe ningún impedimento legal para que la propuesta sea aprobada en Oaxaca.
“El pasado mes de octubre del 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia con el Congreso de Yucatán en esta misma materia, con ello quedó firme la normativa legal que estipula que deudores alimentarios no podrían aspirar a un cargo público en ese estado”.
También, cuestionó la “incongruencia legislativa” en el Congreso de Oaxaca y afirmó que actúan con timidez, temor y con cobardía, y acusó que defienden, protegen y mantienen en espacios de poder a violentadores.
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