García Villagrán acusó de forma directa al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y al presidente Andrés Manuel López Obrador de emprender acciones represivas para frenar la caravana del Éxodo de la Pobreza, al autorizar la infiltración de militares extranjeros para robar, asaltar y provocar desmanes con el fin de manchar la imagen de los integrantes de este movimiento.
Indicó que a tres coordinadores de la caravana —Rosa Vázquez, Abrahán García y Jonathán N— el Instituto Nacional de Migración (INM) les emitió una alerta migratoria, tratándolos como criminales o terroristas. Mientras que a él, añadió, lo han privado de su libertad policías vestidos de civiles y con armas largas, quienes lo persiguen y amenazan con desaparecerlo si continúa acompañando a la caravana migrante.
García Villagrán también denunció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no le recibe las llamadas y se ha negado a emitir medidas cautelares a su favor a pesar de las evidencias que ha enviado sobre las amenazas en su contra.