Acusan a secretario de Gobierno de Oaxaca de incumplir promesa de impulsar iniciativa contra ejecuciones extrajudiciales

Oaxaca de Juárez.— Organizaciones adheridas a la Red Estatal de Víctimas “Tomás Martínez” acusaron al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y al consejero jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, de incumplir con su palabra para sostener una reunión con el gobernador Salomón Jara y facilitar la aprobación de la iniciativa de ley que tipifica las ejecuciones extrajudiciales.

Esta iniciativa, explicaron, surgió hace un año del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) y a un año de que la presentaron en la 62 Legislatura del Congreso de Oaxaca, la propuesta continúa estancada en el procedimiento legislativo.

Aunque se han movilizado para exigir su aprobación, también decidieron tomar la vía de la concertación y el diálogo con Salomón Jara; pero hasta el momento no se ha concretado nada pese a la promesa de Jesús Romero y Geovany Vásquez.

“Decidimos encaminar el diálogo también con las instancias correspondientes, Secretaría de Gobierno y Consejería Jurídica, con cuyos titulares acordamos el establecimiento de una mesa con el Gobernador del Estado en la segunda semana de abril, cuestión que, hasta el momento no se ha concretado.

Foto: Mario Arturo Martínez

“Si bien es cierto Oaxaca vive una efervescencia politica por el proceso electoral que se vive, es preponderante recalcar que las demandas de justicia no se declaran en receso por estos eventos; más bien al contrario, es cuando el gobernador Salomón Jara debería poner especial atención en planteamientos que no interfieren en las elecciones y son de vital importancia”.

Ambrosio Santiago, representante del Covic, señaló que la falta de cumplimiento a los acuerdos expresados por los interlocutores del Gobierno, como Jesús Romero y Geovany Vásquez, quienes se comprometieron a establecer la mesa con el gobernador, solo se presta a dos interpretaciones. La primera es que no existe capacidad, sensibilidad y seriedad por parte de los interlocutores, y la segunda, que Salomón Jara toma como asuntos irrelevantes la justicia porque está más ocupado en el proceso electoral.

Agregó que durante un año se realizaron foros, reuniones técnicas y de análisis para lograr una redacción que unifique las aspiraciones de las víctimas. 

También puntualizó que saben que la facultad exclusiva de legislar es del Congreso del Estado, pero afirmó que en el proceso legislativo se cuenta también con la participación del Ejecutivo en la promulgación y publicación de una iniciativa o reforma de ley.

“Somos enfáticos ante la falta de cumplimiento, no nos quedará otra salida que la movilización callejera de manera unitaria. De no concretarse la reunión con el Gobernador, tendremos que tomar las calles para hacernos escuchar. Más allá de la verborrea pseudoizquierdista de este gobierno”.

Santiago Ambrosio recordó que como Red Estatal de Víctimas han hecho coincidir todas sus demandas, desde esclarecer los asesinatos de líderes sociales como Tomás Martínez, Manuel Cartas y Pedro Vásquez, pasando por lograr que se castigue a los responsables de la violencia en la región triqui, lograr el encarcelamiento de los perpetradores de la masacre de San Mateo del Mar, justicia para las víctimas del 2006 y libertad a los presos políticos, principalmente, William García Méndez. 

“En resumidas cuentas, nuestra lucha no se reduce a demandas económicas o de otra indole; es para demostrar el carácter burgués del régimen, pues no existe la mínima intención de hacer llegar justicia los pueblos de Oaxaca”.

Foto: Mario Arturo Martínez

De la misma forma señaló que una de las demandas de mayor envergadura, por el impacto social y la participación directa de actores del Estado mexicano, es la lucha por justicia para las víctimas de la masacre de Nochixtlán en 2016. “En esa tesitura, se ha logrado encarcelar a algunos de los responsables y sujetar a proceso a otros; pero a los mandos políticos que ordenaron la represión, este gobierno no ha querido tocarlos”.

Es por eso, dijo, que más allá de eso, producto del análisis de las víctimas y el acompañamiento de las organizaciones sociales, se estableció una ruta en el mes de abril del 2023, que pretende la aprobación de una iniciativa que combate el carácter represivo del régimen y consiste en la tipificación de la ejecución extrajudicial.