El proyecto del gobierno de Oaxaca denominado “Corredor Zapoteco”, causará daños ambientales, pérdida de terrenos dedicados al cultivo y división entre las comunidades, advirtieron autoridades agrarias de ocho comunidades de la región Valles Centrales.
En un pronunciamiento público, explicaron que hasta ahora desconocen el impacto de este megaproyecto en sus mantos acuíferos, escurrimientos, pozos y el acceso al agua en las comunidades.
De acuerdo con el gobierno del estado, el "Corredor Zapoteco” - que sustituye al proyecto de Libramiento Sur, tras el rechazo de las comunidades - busca disminuir el tránsito vehicular dentro de los Valles Centrales y comunidades aledañas a la capital del estado y municipios conurbados, e interconectar las carreteras federales de mayor influencia en el estado y generar una red de interconexión para el desarrollo regional.
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Se contempla que la carretera atravesará 25 localidades de 11 municipios de la región Valles Centrales.
Los núcleos agrarios de Cuilápam de Guerrero, Santa María Zaachila, Santa María Asunción Roaló, Barrio La Guadalupe, La Raya, Reyes Mantecon, Santa Catarina Quiané y Santa Ana Zegache, organizados en el Frente de Ejidos y Comunidades Agrarias en defensa del territorio contra el Corredor Vial Zapoteco de Valles Centrales del Estado de Oaxaca, anunciaron su rechazo absoluto, firme e irrevocable al proyecto denominado Corredor Vial Zapoteco (antes Libramiento Sur).
“No aceptaremos que el supuesto desarrollo se traduzca en la destrucción de nuestros cerros, la fragmentación del territorio, el deterioro ambiental, la pérdida del patrimonio biocultural y la ruptura del tejido social. El desarrollo que atropella derechos no es desarrollo; es despojo”.
Con este nuevo megaproyecto, advirtieron, prevén la tala de árboles, la pérdida de vegetación, la contaminación y la alteración del territorio; la transformación de la vida cotidiana; dividirá sus tierras y comunidades; y porque conocen las consecuencias de proyectos mal planeados: “existen comunidades que aún reclaman el cumplimiento de acuerdos e indemnizaciones derivadas de otras grandes obras de infraestructura”.
Los núcleos agrarios denunciaron cualquier intento de impulsar este proyecto sin el consentimiento de los pueblos y sin el respeto irrestricto a los derechos que les reconocen el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo de Escazú, la Ley Agraria y la legislación ambiental mexicana.
“Ningún interés económico o político puede estar por encima de la voluntad de nuestras Asambleas Agrarias, máxima autoridad de nuestros núcleos agrarios. Cualquier decisión tomada al margen de ellas carece de legitimidad social y representa una violación a nuestros derechos colectivos”, señalaron.