Los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrían ser sujetos de juicio político si validan un acuerdo amistoso de límites territoriales entre los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, el cual es inconvencional, inconstitucional e ilegal, advirtió el asesor jurídico de la comunidad de San Francisco del Mar, Víctor Hugo Alejo Torres.
El abogado explicó que el 16 de noviembre de 2021, la SCJN resolvió la controversia constitucional 121/2012 en la determinó la línea limítrofe entre ambos estados, y en la que se estableció que esa línea inicia en la Barra de Tonalá a los 16 grados de latitud norte con dirección al Cerro del Chilillo y continúa hasta el Cerro de la Jineta y de ahí, con rumbo al Cerro de los Martínez.
Las coordenadas geográficas de los cuatro puntos, sin embargo, están erróneas. Por eso, el pueblo indígena Zoque de Santa María Chimalapa promovió el recurso denominado Amicus Curiae para la aclaración de los mismos y el Gobierno de Oaxaca solo pidió la corrección del Cerro de los Martínez.
La petición de los zoques procedió con los razonamientos de ocho ministros, pese a la oposición de las ministras Yazmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
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Pero inmediatamente después, el Congreso del Estado de Oaxaca presidido por el ahora senador de la República, Alfonso Silva Romo, aprobó un decreto el 13 de abril de 2023 en el que acatan la sentencia, pero agregan un transitorio en el que autorizan al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a firmar un convenio amistoso de límites con el gobierno de Chiapas.
Cinco días después de este decreto, Oaxaca y Chiapas firman convenio amistoso de límites territoriales, el 18 de abril de 2023, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para dejar en la parte sur del lindero interestatal los límites actuales entre los municipios de Cintalapa de Figueroa, Arriaga y Tonalá, de Chiapas, con los municipios de San Pedro Tapanatepec y San Francisco del Mar, en Oaxaca, conforme a lo publicado hasta diciembre de 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Víctor Hugo Alejo sostuvo que este convenio amistoso es inválido porque los poderes legislativos y ejecutivos están sujetos a la jurisdicción de la SCJN. Y en la sentencia del 16 de noviembre de 2021, la Corte les obliga a incorporar en sus constituciones la línea limítrofe de la Barra de Tonalá a los 16 grados latitud norte con rumbo al Chilillo y la Jineta para finalizar en el Cerro de los Martínez.
“Consecuentemente, sus facultades en esa materia no están expeditas para autorizar convenios y menos para modificar esa frontera interestatal porque la mencionada sentencia es definitiva y de estricto cumplimiento para Oaxaca y Chiapas; en términos del segundo párrafo del artículo 46 de nuestra Ley Suprema, es inatacable. Nadie ni nada puede modificar ese límite”, señaló.
El asesor jurídico de San Francisco del Mar recalcó que las ministras y ministros, al valorar el convenio deben declararlo inconvencional, inconstitucional e ilegal, desechándolo de plano; y apercibiendo a las autoridades estatales de evitar acciones de incumplimiento y de evitar acciones parecidas.
“Sería inaudito e inesperado jurídicamente que el Tribunal Constitucional estime válido porque desconocería la eficiencia y eficacia de su propia sentencia, violentado los principios de cosa juzgada y de Supremacía Constitucional; procediendo en automático, solicitar juicio político en contra de quienes voten a favor”.
Además, dijo que en caso de que la SCJN ignore lo anterior, el convenio amistoso entre los gobiernos de Oaxaca y Chiapas no produce efectos jurídicos por falta de requisitos.
“El artículo 84 de nuestra Constitución Local dicta que: las leyes, decretos reglamentos, circulares, acuerdos, órdenes, despachos, convenios y demás documentos que el Gobernador del Estado suscriba en ejercicio de sus funciones, deberá llevar la firma del titular o de los titulares de las dependencias involucradas en cada caso, Y sin este requisito no surtirá efectos legales”.
Y el convenio amistoso de ambos gobiernos, en el caso de Oaxaca sólo firman los titulares del poder ejecutivo y el secretario de gobierno, faltando la firma de los titulares de Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno de Oaxaca, Comisión de Límites del Estado de Oaxaca y, por lo menos, 13 titulares de igual número de secretarías.
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En consecuencia, en un equilibrio de Poderes, se debe instaurar debido procedimiento para determinar si ha lugar a fincar responsabilidades políticas, administrativas y de otra índole.
Para el autor del Amicus Curiae presentado por el pueblo Zoque de Santa María Chimalapa, mismo que fue hecho suyo por la entonces Presidenta de la Corte y que ordenó se aclararan las cuatro coordenadas geográficas del lindero interestatal, sin dejar de mencionar que el Gobierno de Oaxaca solo pidió se rectificara la de el Cerro de los Martinez, el Pleno de ministras y ministros sólo deben ocuparse del resultado del peritaje oficial.
Y mencionó que Chiapas al aperturarse la aclaración de sentencia, pretendió adicionar al cuestionario del peritaje, el marco geoestadístico de diciembre de 2018 del INEGI, mismo que le fue desechado por la Ministra Instructora, por carecer de valor jurídico, en su acuerdo de 15 de marzo de 2024.
“Dicho marco geoestadístico sin validez jurídica, es la piedra angular de ese convenio amistoso y en perjuicio de dos municipios oaxaqueños colindantes”.
A esto se suma que, Oaxaca inexplicablemente dejó de nombrar perito topógrafo y aportar pruebas que confirmen la existencia física de la Barra de Tonalá y Cerro el Chilillo; únicamente envió la del Cerro de la Jineta. Seguramente, para que prevalezca el convenio amistoso cuyo fin es desconocer esos límites de la zona sur, reconocidos en la sentencia.
Alejo Torres recalcó que es recta la línea limítrofe entre Oaxaca y Chiapas. Así está descrita, dijo, sin ambigüedades, en las enumeraciones 328, 329, 330 y 331 de la ejecutoria pronunciada, y porque no menciona cursos naturales de ríos o arroyos, zonas costeras o boca barras, cañones y cañadas que, deduzcan inflecciones o vueltas.
A pesar de eso, Chiapas alegó que el trazo entre dichos rasgos geográficos debía esclarecerse la forma en que se unen los puntos naturales de la frontera, solicitando ampliación de la pericial, a lo que Oaxaca, extrañamente, no se opuso.
Los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco del Mar, pueblo indígena ikoots, por su parte, manifestaron que les resulta incomprensible que el Gobierno estatal en lugar de defender la sentencia de la Controversia Constitucional 121/ 2012 se pone a firmar convenios amistosos sin tener derechos para decidir el destino de nuestras tierras ancestrales, sin ninguna justificación.
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“Nosotros acudimos al llamado del gobierno del estado en el 2012 para junto con 30 municipios más, defender la soberanía estatal. No estamos dispuestos a entregar nuestras tierras ni que las autoridades decidan por nosotros. Nadie se presentó a realizarnos una consulta previa, libre e informada. Vivimos en la marginación total, olvidados, con carencias económicas para defendernos pero tenemos el orgullo que nos mantiene en pie de lucha”.
Los miembros de la comunidad mencionaron que con el criterio de la SCJN aprobado el pasado 25 de agosto de 2026 en que reconoce que los pueblos indígenas pueden acudir e intervenir en la aclaración de la sentencia, es una oportunidad para defender sus tierras invadidas por personas procedentes de Chiapas.
“Tenemos confianza en que la ley debe estar por encima de los intereses de los funcionarios públicos. También, ya sabemos que tenemos instancias internacionales para acudir en caso de violaciones a la Constitución de México y en nuestro perjuicio.
“Para nosotros la sentencia es orden territorial y paz social porque los límites están claros, ya no podemos invadirnos unos a otros, debemos respetarnos. Ese límite viene desde 1549 y la Corona Española nos respetó, reconociéndonos como pueblo originario. Ya estábamos aquí, cuando llegaron y sabemos perfectamente que pertenecimos al Virreinato de la Nueva España y Chiapas a la Capitanía General de Guatemala. El límite siempre ha sido la tierra firme de la Barra de Tonalá. Aún así, Oaxaca perdió territorio, porque se llegaba hasta Punta Flor, el Río de las Arenas”, puntualizaron.