Advierten que Poder Judicial de Oaxaca pretende liberar a dos policías municipales procesados por tortura

El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indigenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, advirtió que una jueza de control pretende dejar en libertad a dos policías municipales de Tlaxiaco procesados por el delito de tortura; y acusó tráfico de influencias en este caso por el consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero.

Esto, puntualizó, pese a que existe medidas cautelares emitidas por el Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un dictamen del Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ángel Daniel Bautista Vásquez fue víctima del delito de tortura el día 21 de marzo del 2020, por elementos de la policía municipal de Tlaxiaco, Oaxaca. Ese mismo año la CIDH otorgó las medidas cautelares MC-636-2020; en 2025 la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la recomendación 03/2025; у el Comité Contra la Tortura de la ONU, el 11 de abril del 2025, emitió el dictamen CAT/C/82/D/1102/2021.

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A pesar de ello, Maurilio Santiago informó que el pasado viernes 27 de marzo de 2026 de manera urgente la Jueza de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Tlaxiaco, señaló una audiencia para que se pueda revisar la medida cautelar de prisión preventiva de los procesados Melquiades Avendaño Sarabia y Jorge Hilario Santiago o Jorge Santiago Hilario policías municipales de la Ciudad de Tlaxiaco.

Los dos policías municipales están acusados del delito de Tortura cometido en contra de Ángel Daniel Bautista, en la causa penal número 121/2025, y fueron vinculados a proceso el 24 de julio del 2025. Ambos se encuentran privados de su libertad en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet ubicado en el municipio de Tlacolula de Matamoros.

Por el momento, la audiencia a la que citó la jueza de control se difirió para efectuarse el día lunes 6 de abril del 2026 y que pueden ser puestos en libertad en la audiencia de revisión de medidas cautelares.

El líder de la Cedhapi resaltó que este es el primer caso de tortura que se judicializa en Oaxaca, ya que hasta la fecha se tienen registradas del año 2011 al 2025, 921 carpetas de investigación con mil 237 víctimas, y solo existe una sola causa pena judicializada que es la 121/2025 donde es víctima Ángel Daniel Bautista Vásquez.

in embargo, aseguró que en este caso hay tráfico de influencias relacionado con el consejero jurídico del gobierno del estado, Geovany Vásquez Sagrero. Esto, porque el abogado defensor de los dos policías municipales es Carlos Fernando Santiago Cruz quien actualmente se desempeña como Director Jurídico y de Asistencia Legal del Ayuntamiento del municipio de Tlaxiaco; cargo que ocupa por recomendación de Geovany Vásquez, ya que trabajó en su despacho jurídico.

“Por lo cual tenemos el temor de que sean liberados los policías municipales por el tráfico de influencias de parte de Carlos Fernando Santiago Cruz actual director Jurídico y de Asistencia Legal del H. Ayuntamiento de Tlaxiaco, que cuenta con el apoyo del consejero jurídico de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, y que al ser puestos en libertad por el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva se pone en riesgo la integridad física de la la víctima de tortura Ángel Daniel Bautista Vásquez y su familia, quien ya ha sido amenazado y hostigado por la policía municipal de Tlaxiaco, y personas desconocidas”, aseguró.

Maurilio Mayoral exigió que no haya un cambio de medida cautelar y se deje en libertad a los dos policías municipales, porque su libertad pondría en riesgo la vida y la integridad física de Ángel Daniel Bautista Vásquez y su familia.

También exigió que el Estado Mexicano acate la medida cautelar MC-636-20 emitida por la CIDH para prevenir un daño irreparable a la víctima y su familia; el cumplimiento por parte del Estado Mexicano del dictamen CAT/C/82/D/1102/2021 emitido por el Comité Contra la Tortura para los efectos de garantizar la vida y la integridad física de Ángel Daniel Bautista y la reparación integral del daño; así como la disculpa pública, otorgar garantías de no repetición y garantizar el derecho a la verdad.

Finalmente, pidió al gobierno federal que garantice la no intromisión del gobierno de Oaxaca a través de su consejero jurídico, Vásquez Sagrero, y del municipal de Tlaxiaco, en el tráfico de influencias para poner en libertad a los procesados.

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