El presidente de la Comisión para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Oaxaca, Juan Carlos Díaz Carranza, advirtió que la reciente aprobación del dictamen en el que establece la aplicación forzosa de este código, a partir del 1 de abril de 2030, pone en riesgo su efectividad y celeridad.
Ayer, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen en el que prórroga por cuatro años más la implementación del nuevo Código Nacional, dictamen de reforma que será discutido y votado por el pleno de este órgano legislativo en próximos días.
El magistrado explicó que con el aplazamiento de la aplicación forzosa de este cuerpo normativo se pierde la esencia del mismo, porque surgió como una forma de transformar la justicia civil y familiar que se caracteriza por ser costosa, lenta, discriminatoria y poco accesible.
“Tomando como referencia que en el 2017 se reformó la Constitución para facultar al Congreso de la Unión para expedir el Código Nacional con el propósito de unificar normas procesales en materia civil y familiar, ahora el Congreso discutirá una prórroga de 4 años más, alejando la promesa de efectividad y celeridad en menoscabo de los justiciables”, sostuvo.
Díaz Carranza recordó que el reclamo de las personas que enfrentan un procedimiento jurisdiccional, es el rezago y la falta de prontitud en la resolución de los asuntos.
Pero con esta prórroga, los problemas seguirán permeando en los juicios de materias civil y familiar que representan el 76 por ciento del volumen total de expedientes; es decir, el número de usuarios de estas dos materias afectados es mayor a diferencia de otras materias, como la penal, administrativa y electoral.
Aunque, dijo, coincide con las iniciativas presentadas, en el sentido de que la mayoría de los poderes judiciales de las entidades federativas no están preparados para hacerle frente a este Código Nacional por los desafíos estructurales, tecnológicos, humanos, materiales y normativos que requiere para una implementación integral.
Sin embargo, reiteró que “la sociedad demanda de manera inmediata un cambio en juicios civiles y familiares que se caracterizan por prolongarse indefinidamente.”
De ahí, señaló, los reclamos constantes de las Barras de Abogadas y Abogados con relación al rezago jurisdiccional porque conoce la desesperación de estar sujeto a un juicio con la incertidumbre de no saber cuándo será resuelto.
Por ejemplo, mencionó que en un juicio de alimentos que inicia la mamá en representación de un niño de cuatro años, se enfrenta a lo largo de la travesía judicial con el incumplimiento del pago respectivo por parte del deudor alimentario, éste juicio puede prolongarse hasta el punto en que el niño adquiere la mayoría de edad. “Un reflejo de la duración extensa de los juicios familiares”, explicó.
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La misma situación ocurre en casos de materia civil donde se reclaman, por ejemplo, la nulidad de escrituras y que se prolongan hasta ocho años.
Inicialmente la reforma judicial coexistía con la implementación forzosa, ambos en el año 2027. Hoy, la primera se aplazó al 2028 y la segunda al 2030, condicionando a que sean nuevos perfiles judiciales los que inicien la operatividad de este ordenamiento, “cuando en la actualidad existen operadores judiciales con la capacidad, conocimiento, experiencia y habilidades para implementarlo con éxito, y respecto de los cuales existe un riesgo latente de fuga de sus talentos”, apuntó.
En el caso específico de Oaxaca, detalló que el estado actualmente opera con 66 juzgados en materias civil y familiar, algunos con jueces, y otros tantos con secretarios autorizados por el Pleno para dictar sentencias ante la ausencia de los primeros, por lo que requiere una inversión mayor a diferencia de otras entidades federativas.
“En Oaxaca se parte de la nula experiencia en la oralidad y, por ende, de la ausencia de estructuras físicas, tecnológicas y de conectividad mínimas para un funcionamiento idóneo, así como de poco personal jurisdiccional para operarlo.
"El peor error que podemos cometer como Poder Judicial es caer en la pasividad que demostramos del 2023, año de expedición del Código al día de hoy. O peor aún, malinterpretar este hecho como un período de gracia”, aseguró.