Ante el último hecho, ocurrido el viernes por la madrugada, denunciaron omisión por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que se negaron a dar protección a las y los defensores y las instalaciones alegando que todos los elementos estaban a disposición de los candidatos en el proceso electoral.
“El robo no fue algo normal, fue un allanamiento donde los perpetradores robaron equipó fotográfico, destruyeron inmobiliario, pero pareciera que la consigna es sobre nosotras, intentaron abrir una caja fuerte con herramientas profesionales y buscaron expedientes de casos de tortura y diferentes carpetas donde se ha dado asesoría a activistas que realizan defensa en temas vinculados al Interoceánico”, sostuvo la fundadora de la organización, Sara Méndez, quien también es integrante del Mecanismo de Protección Federal de Personas Defensoras y Periodistas.
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“Consideramos que se trató de una intimidación porque a alguien le está molestando nuestro trabajo y esto pone en riesgo la seguridad de las activistas integrantes de la organización. Esto que estamos viviendo no es un delito del orden común, es un claro hostigamiento para inhibir nuestra acción de defensa, la cual no dejaremos de realizar, aún a distancia, porque no nos van a callar ni a detener”, afirmó Candelaria Castellanos Alvarado, coordinadora general de la organización desde febrero de 2023, tras anunciar el cierre momentáneo de las oficinas.
La conferencia realizada en la oficina con síntomas de violencia, las instalaciones tenía apenas el resguardo de un policía estatal que fue enviado tras la denuncia en redes sociales de la segunda incursión a las instalaciones con violencia. En el lugar respaldaron las acciones abogados de la DDHPO y la organización Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca
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