La directora del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Beatriz Salinas Avilés, denunció que los Comités de Agua y la Gestión Comunitaria operan sin recursos suficientes y sin reconocimiento oficial; además, dijo, enfrentan amenazas de funcionarios y de intereses empresariales.
Durante una foro realizado en el municipio de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, explicó que la labor de estos comités no sólo es verificar y operar el sistema del suministro de agua potable, también se encargan de la protección de bosques y cuerpos de agua, y realizan tareas como saneamiento, recarga de acuíferos, organizar el trabajo colectivo sin fines de lucro y la distribución del agua.
Por eso, dijo, los comités de agua deben fortalecerse jurídica y financieramente como una forma de reconocer su aportación al bien común.
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El miembro de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua e integrante del sistema comunitario de agua de la cabecera municipal de Tecámac, Estado de México, Ricardo Ovando, detalló que de acuerdo con el Programa Nacional Hídrico del gobierno federal, hay más de 28 mil sistemas comunitarios de agua en todo el país, aunque apuntó que hay otras estimaciones que calculan que podrían superar los 80 mil.
“Su demanda es no quedar sometidos a los ayuntamientos, sino ser reconocidos como autoridades comunitarias del agua y actuar en corresponsabilidad con el Estado”, dijo. Y señaló que las concesiones comunitarias indígenas obtenidas en 2022 por comunidades de los Valles Centrales, después de 17 años de organización y lucha, las cuales permiten usar, cuidar y administrar el agua subterránea mediante las asambleas y son un antecedente para extender el reconocimiento a las demás regiones de Oaxaca.
Diana Avilés Quezada, defensora e investigadora comunitaria, presentó la experiencia de Huitzila, municipio de Tizayuca, Hidalgo, cuyo sistema abastece a más de dos mil familias, de las cuales nueve de cada diez respaldan la administración y siete de cada diez cumplen con el pago de su cuota.
Los datos, aseguró, cuestionan la supuesta ineficiencia de los comités y muestran su legitimidad, construida mediante décadas de trabajo, memoria y defensa territorial.
Avilés Quezada advirtió que la falta de personalidad jurídica expone a los comités a la municipalización, a decisiones sin consentimiento y a tarifas eléctricas que los tratan como empresas. El Estado, puntualizó, debe brindar asistencia técnica, recursos y energía accesible sin apropiarse de la infraestructura ni de la capacidad comunitaria de decidir.
En algunas comunidades de Oaxaca, los comités son elegidos por las asambleas y se sostienen con cargos, cuotas y tequios. En algunas comunidades las familias pagan entre 10 y 20 pesos mensuales porque también aportan trabajo para conducir, vigilar y distribuir el agua.