En lo que va de la presente administración, organizaciones sociales contabilizan 574 muertes violentas de mujeres; no obstante, la FGEO sólo investiga 185 como feminicidios.
Con el paso del tiempo, dice la defensora, los feminicidios se acumulan. Algunos incluso se han vuelto emblemáticos.
Tal es el caso de María del Sol Cruz Jarquín, fotógrafa asesinada en Juchitán el 2 de junio de 2018, cuyo feminicidio sigue sin ser alcanzado por la justicia, mientras que este lunes uno de los presuntos autores materiales fue puesto en libertad, por errores graves en la integración de las carpetas de investigación.
Sánchez Maya recuerda que fue en el marco del tercer aniversario luctuoso de María del Sol, cuando activistas propusieron crear el Tribunal Feminista, en el que se expusieran casos paradigmáticos que dan cuenta de la impunidad en común.

Foto: Mario Arturo Martínez
A dicho tribunal sistirán activistas, defensoras, juristas y especialistas para mostrar pruebas de la dilación que impiden que los casos de feminicidio o tentativa consigan justicia.
“Es un ejercicio desde la ciudadanía con la idea de demandarle al sistema de procuración de justicia, una efectividad más inmediata”, expresa. El tribunal estará abierto para quienes quieran presentar sus casos.
El espacio contará con cinco juezas, todas abogadas defensoras y activistas provenientes de centros de derechos humanos de las mujeres. Emitirán un fallo el 30 de noviembre para los casos expuestos, señala Sánchez Maya.
“Será un tribunal público y abierto, en el que las defensoras y el público estaremos a la escucha de los casos”, dice.
La necesidad de este tipo de espacios surge porque la FGEO ha dejado la carga de los casos y su seguimiento en los hombros de las familias de las víctimas, quienes incluso han tenido que abandonar hogares y empleos para continuar con los procesos, menciona Yésica Sánchez.
La activista espera que este tribunal ayude a las víctimas a hacer valer de otra manera sus derechos y, con ello, a generar acompañamientos desde las organizaciones, luego del análisis de los detalles en la presentación de los casos.
“La gravedad de las situaciones que han enfrentado los casos respecto al favoritismo hacia los feminicidas por parte del aparato del Estado es sorprendente. Es evidente el pacto patriarcal que enfrentan las víctimas colaterales”, apunta.
Para Yésica, las muertes violentas de mujeres en la actual administración, de las cuales 79 sucedieron este año, son resultado de la imperante impunidad, misma que da la percepción a feminicidas de que matar a las mujeres está permitido.

Foto: Mario Arturo Martínez
Consorcio, por ejemplo, presentó una solicitud al TSJEO para saber cuántos casos de asesinatos de mujeres son considerados como feminicidio y cuántos de ellos han recibido sentencia. Hasta el momento, afirma, su solicitud no ha tenido respuesta.
Antes de la llegada de Vasconcelos, por ejemplo, la fiscalía investigaba como feminicidios 62% de los homicidios de mujeres; cuando él ocupó el cargo, el porcentaje bajó hasta 29.1%, en 2020.
Por ello, Yésica Sánchez añade que ninguna autoridad fue convocada al tribunal, pues las familias han tocado las puertas de las dependencias sin obtener una respuesta y, por el contrario, les han vulnerado sus derechos.