Estatal | 20-07-22 | 02:07 | Actualizada | 13-04-25 | 17:27 |
Oaxaca de Juárez.— La 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, en las que obliga a centros comerciales, supermercados y tiendas de autoservicio, colocar estacionamientos para bicicletas, sin costo alguno para los usuarios.

El dictamen aprobado por mayoría de votos argumenta que la bicicleta es el transporte más sostenible, porque no consume combustible, no produce ruido y contribuye a reducir los niveles de contaminación. Además, advierte que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrecer una infraestructura segura para las actividades físicas, como andar en bicicleta, es el camino para fomentar el bienestar.

"Para los sectores más pobres de la sociedad que no cuentan con vehículo propio, usar la bicicleta se puede convertir en su medio de transporte y al mismo tiempo reducen el riesgo de contraer alguna enfermedad crónica”, señala.

Con esta reforma, según el dictamen, se busca fomentar el uso de la bicicleta por medio de la instrumentación de mobiliario para el estacionamiento de bicicletas en centros comerciales, plazas, supermercados y tiendas de autoservicio, con la finalidad de fortalecer la infraestructura ciclista ya existente y hacer de la bicicleta un medio de transporte sostenible para la ciudad.

El documento advierte que en la ciudad de Oaxaca ha experimentado el crecimiento urbano desordenado, la concentración de actividades en zonas centrales de la ciudad y una profunda segregación socioeconómica y espacial de las zonas periféricas.

Lo anterior, sostiene, ha traído como consecuencia la saturación de las pocas vialidades con las que cuenta la ciudad, altos niveles de contaminación y afectación en la calidad de vida de la ciudadanía.

“Ante este gran reto que en materia de movilidad enfrenta nuestra ciudad, es necesario buscar alternativas de medios de traslado más eficientes y sustentables, como lo es el uso de la bicicleta”, justifica.

Asimismo, los legisladores aprobaron establecer en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, la obligación de notificar a las dependencias gubernamentales, entidades o ayuntamientos contratantes, cuando los trabajos de ejecución de obras públicas suspendidas, sean reanudados.

Y que la legislación estatal incorpore la actuación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como de los Órganos Internos de Control Municipales, en todos los casos de suspensión de las obras públicas.

Lo anterior, porque, a través del ejercicio de las facultades de supervisión y vigilancia, se asegura el debido ejercicio de los recursos, la efectiva rendición de cuentas y se garantiza el derecho a la buena administración pública.

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