Según el dictamen, esta nueva deuda pública será para el refinanciamiento y/o reestructura de parte de los créditos que integran la deuda pública de largo plazo a cargo del estado, y la contratación de instrumentos derivados para reducir el riesgo de tasas de interés de la deuda pública estatal.
Así como, para la contratación de garantías de pago oportuno para asociarlas a los financiamientos contratados, para la afectación como fuente de pago de los financiamientos, instrumentos derivados y/o garantías de pago oportuno que se celebren al amparo del presente decreto, de un porcentaje de las participaciones que en ingresos federales corresponden al estado del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades federativas.
Salomón Jara solicitó esta nueva deuda pública bajo el argumento de que existe un entorno financiero caracterizado por altos niveles de volatilidad e incertidumbre, así como por el importante aumento en las tasas de interés registrado en los últimos años.
Lo anterior, producto de la política restrictiva adoptada por el Banco de México para contener las presiones inflacionarias que se generaron a nivel global, en un primer momento, por las disrupciones en las cadenas productivas y de distribución y la escasez de insumos primarios que derivaron de la pandemia por Covid 19 y, posteriormente, por los efectos en la demanda de los grandes programas de apoyos e incentivos implementados por algunos países desarrollados y el estallido del conflicto bélico en Ucrania a principios de 2022.