Para las organizaciones civiles, no se trata de un simple cambio de opinión sino de una decisión del Presidente en contra de la voluntad popular que lo eligió, “que entre otras cosas votó por él esperando que actuara para pacificar el país, frenar los megaproyectos en contra de las comunidades y acabar con la militarización”.
En el pronunciamiento, recordaron que las fuerzas armadas participaron en represiones violentas contra Atenco en los años 2002-2006; contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y contra los mineros en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en 2006; ocuparon pueblos como Xoxocotla, Morelos en 2008, y Nochixtlán, Oaxaca en 2016.
“Hostigan constantemente a organizaciones populares de Guerrero como al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto Presa La Parota, la Organización Campesina de la Sierra del Sur y tantas otras agrupaciones. Participaron en la desaparición forzada de los Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, Guerrero.
“Han sido actores principales de diversas represiones y persecuciones contra integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, entre ellas el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa en 2012 y los ignominiosos hechos de terror en contra de los 43 estudiantes de esa misma escuela en 2014”.
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