Los pagos en exceso y las irregularidades fueron detectadas por la ASF durante la revisión de la Cuenta Pública del año 2022, mismos que aunque las autoridades de la obra aseguran que fueron reintegrados, en realidad no hay documentación que respalde dicha afirmación.
Por esta razón, de acuerdo con el informe, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de la Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V. por un monto de un millón 539 mil 92.56 pesos, por pagos en exceso. A dicha cifra deben sumarse los intereses generados desde la fecha del pago cuando no se aplicaron los descuentos, hasta la de su recuperación.
Lo anterior, se detalla, a causa de que en las estimaciones de ajuste de costos números 12 a 19 que fueron pagadas en marzo y mayo de 2022 autorizadas por la residencia de obra y avaladas por la supervisión externa del contrato núm. API-AD-SGI-04-2020, se omitió realizar el ajuste a la baja del porcentaje del costo por financiamiento, para los meses de los que se reconoció que existió un gasto menor del estimado.
Esto, aplicable por la reducción en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) considerada por la contratista en su propuesta. Los ajustes a la baja o descuentos que debieron aplicarse son 86 mil 742.07, 68 mil 662.89, 417 mil 450.11, 153 mil 956.83, 260 mil 437.52, 151 mil 515.48, 212 mil 503.22 y 187 mil 824.44 pesos, respectivamente.
En otras palabras, la fiscalización arrojó que a cobrarse menos intereses, las obras costaron menos durante dichos meses de 2022, pero los descuentos no se aplicaron.
En su informe, la ASF aseguró que con estas ómicrones se violentaron el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ante las observaciones el órgano fiscalizador, el Subgerente de Ingeniería y Ecología de la Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V., proporcionó oficios de fecha 5 de septiembre de 2023, con los que notificó a la contratista y a la supervisión externa la solicitud para que ésta última realice un análisis detallado y las correcciones pertinentes en todas las estimaciones de ajuste de costos a esa fecha.
Esta medida estaba orientada a subsanar las observaciones hechas por la ASF; sin embargo, pese a los dichos de las autoridades portuarias de Salina Cruz, no hay evidencia de que efectivamente se haya reintegrado a la Hacienda pública el monto de ahorro que registró la obra.
Lo anterior dado que la Auditoría resolvió que, aún con esta documentación, la irregularidad de pagos en exceso subsiste porque, no obstante, que se notificó que se aplicaría una deductiva o reducción en los pagos en la estimación número 60, no se acreditó documentalmente la aplicación de la misma por el monto observado de millón 539 mil 92.56 pesos.
De acuerdo con el contrato de adjudicación firmado el 28 de febrero de 2020, las empresas beneficiadas con la construcción del Rompeolas son Infraestructura Marítima y Portuaria (IMPSA) y GAMI Ingeniería e Infraestructura, ambas del Grupo INDI.
El documento indica que la obra de mil 600 metros debió terminarse a fines de 2022 y así lo anunció López Obrador en mayo de 2021, durante un recorrido de supervisión, lo que no finalmente no se logró.