Carretera a la Costa de Oaxaca, en riesgo hasta que se alcance paz entre Coatlán y Sola de Vega

San Vicente Coatlán.— La comunidad de San Vicente Coatlán evalúa recurrir a la justicia federal con un amparo, que sería el primero de esta naturaleza, por violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano en el conflicto agrario que mantiene con Villa Sola de Vega, por 19 mil 600 hectáreas de terreno.

Coatlán recurriría al amparo en caso de que se rompan las negociaciones tras los incendios que, afirma, fueron provocados hace dos semanas por pobladores de Sola de Vega y que dieron fin a la tregua de no agresión entre ambas comunidades.

 

 

El conflicto agrario nació cuando Sola de Vega recibió una resolución presidencial en la que se le reconoce la extensión de su propiedad territorial, la cual incluyó 20 mil hectáreas que Coatlán reclama como suyas, como así está establecido en sus títulos primordiales otorgados por la corona española desde  el año 1754.

Luego de los incendios forestales registrados recientemente, el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, y el secretario general de Gobierno de Oaxaca, Francisco García López, anunciaron una reunión con las autoridades agrarias de Sola de Vega, en la que pretenden establecer de manera definitiva que la comunidad está de acuerdo con una división de 50% de las tierras en disputa, así como  una indemnización.

Fotos: Juan Carlos Zavala

De aceptar, en 15 días se estaría llevando a cabo una reunión para pactar de manera definitiva el acuerdo con Coatlán. El acuerdo incluye, por indemnización, 170 millones de pesos para Sola de Vega y 90 millones de pesos para Coatlán. En caso de no lograr este pacto,  Coatlán apunta a romper con las mesas de negociación.

De no llegar a una solución, también pondría en entredicho la continuidad de la súper carretera a la Costa, obra que tanto el gobierno federal como el del  estado han prometido que se concluirá este año. Esto, porque Coatlán ha impuesto la solución del conflicto agrario como condición para permitir que continúen los trabajos de esta vía, la cual pasa por su territorio.

Con el amparo, la problemática agraria podría extenderse de cinco a 15 años o más, según cómo resuelvan las autoridades jurisdiccionales agrarias, dice la comunidad a EL UNIVERSAL.

 

 

En el amparo, la comunidad de San Vicente Coatlán argumenta violaciones al artículo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  al artículo 133 constitucional, sobre los tratados internacionales y sus competencias;  al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y  al Convenio 069 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esto significa que el Estado mexicano y sus instituciones, durante todo el procedimiento hasta la sentencia en la que otorgan las 19 mil 600 hectáreas a Sola de Vega y hasta la fecha actual, no han servido para darle solución al conflicto agrario.

Lo anterior, porque, de acuerdo con la comunidad, no se respetaron los derechos humanos indígenas, no hubo una Comisión Indígena en San Vicente Coatlán,  no emitieron los dictámenes antropológicos,  no hubo intérpretes ni traductores para que los comisionados de Bienes Comunales,  máximas autoridades que fueron a la defensa, “o no entendieron el español, o fueron engañados, o fueron manipulados, o al final nunca entendieron en su lengua, cuáles eran las consecuencias de todos estos procedimientos”.

Primer caso en un conflicto agrario

Este, además, sería el primer amparo de esta naturaleza en el  que se denuncian violaciones a derechos humanos en un conflicto agrario.

 

Además, porque acusan violaciones graves que implican el asesinato de 42 personas en San Vicente Coatlán y una persona desaparecida, violencia sistematizada y constante con disparos de armas de fuego por grupos armados, incendios forestales provocados, robo y quema de ganado, entre otros. En total, enlista 11 violaciones a derechos humanos.

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A través de este recurso se solicita al Juez de Distrito del Poder Judicial Federal que suspenda la sentencia de hace más de 15 años (y la cual no se ha podido ejecutar) a favor de Villa Sola de Vega, en la que se le entregan 19 mil 600 hectáreas que reclama como suyas, según  sus títulos primordiales.

En segundo término, también le solicita al juez que mande a reponer todo el procedimiento o juicio agrario que se ventiló primero en la Junta de Conciliación Agraria en una primera etapa conciliatoria y posteriormente en el Tribunal Unitario Agrario número 21, es decir, que inicie de cero otra vez un juicio agrario para determinar a quién le pertenecen esas cerca de 20 mil hectáreas.

La comunidad de San Vicente Coatlán advierte que en caso de que el Juez de Distrito les rechace el amparo, recurrirán a un Tribunal Colegiado y si es el mismo resultado, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual podría extenderse hasta por un año.

Si el resultado les sigue siendo adverso y han agotado las instituciones internas, recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional  que ha emitido cinco sentencias sobre la propiedad ancestral y ha condenado a igual número de países a devolver las tierras a las comunidades indígenas, a indemnizar y a establecer medidas de no repetición. 

Al llegar a este punto, es probable que el conflicto agrario se alargue por 15 años más.