Ciudadana denuncia violencia institucional de jueces y de la fiscalía de Oaxaca; pide ayuda de Jara
La mujer exige la intervención del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador Salomón Jara Cruz
Oaxaca de Juárez.— Una ciudadana identificada como Ana Laura Carrasco Ayala protestó esta mañana frente al palacio de gobierno en la ciudad de Oaxaca para exigir justicia por la violencia institucional que sufrió ella, su hija y su familia, a raíz de un juicio de paternidad interpuesto por su hija Andrea Miranda en el año 2017.
En la manifestación, la mujer exigió la intervención del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador Salomón Jara Cruz.
“Traigo un tema de lucha en el sexenio pasado, en estaba luchando para que se me repararan los daños que me causaron a raíz del juicio de paternidad en 2017 de mi hija Andrea Miranda”, dijo. Sin embargo, aclaró que el tema ya no es la pensión alimenticia o el juicio, porque éste se concluyó a raíz de toda la corrupción que rodeó todo el proceso judicial.
“Todo el proceso fue corrompido, donde estaba involucrada la Fiscalía General del Estado, la juez, bueno, todo el sistema de gobierno prácticamente se encontraba inmiscuido en este asunto legal”, puntualizó.
El problema no es el juicio, dijo, sino una serie de hechos que recaen ya en actos delictivos, como la desaparición de su vehículo, gente armada que la detuvo en Calzada Madero, y “recaderos” que le enviaban, entre otros delitos.
Ana Laura Carrasco recordó que en diciembre de 2021 se reunió con el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, a quien le pidió que atendiera su caso y el exmandatario se comprometió a hacerlo; pero no lo hizo.
“Se fue sin ningún problema y todos los que están vinculados, que están relacionados con mi caso, están libres, todos mis violentadores, mis agresores están libres, sin ninguna preocupación, disfrutando su vida económica acaudalada, porque en Oaxaca no pasa nada”.
Entre las instituciones que incurrieron en violencia en su acusó a la Dirección de Servicios Periciales, la Fiscalía General del Estado y una juez.
