Ambos fueron destituidos de sus cargos por la asamblea comunitaria por pretender vender la arena, grava y piedra para beneficio personal y sostuvieron que esos materiales son de la comunidad; por lo que los acusaron de despojo de sus recursos naturales.
También afirmaron que Julio Rivera y Amelia Durán promovieron acciones legales para impedir la construcción del camino rural en la comunidad y que forma parte del programa del gobierno federal para la construcción de caminos a cabeceras municipales.
“Les ganó la ambición y pidieron un millón de pesos, así como una maquinaria pesada para que se realizara la obra. Como no se concedió dicha petición, entonces inventaron que la obra se debía pavimentar de Minas de Llano Verde a la cabecera municipal, situación sin aval de los comuneros, es decir, sin convocar a una asamblea comunitaria que es la máxima autoridad”.
En 2021 hubo un intento de conciliación entre las dos partes en conflicto. Uno de los acuerdos a los que se llegaron es que Julio Rivera y Amelia Durán permanecerían en sus cargos, siempre y cuando convocaran a una asamblea informativa; pero nunca cumplieron.
“El 3 de marzo de 2021 Julio Rivera se comprometió a convocar a una asamblea informativa el 8 de marzo de ese mismo año, a cambio de que lo reconociéramos como Comisariado. Pero cuando llegó la fecha nunca emitió la convocatoria y sólo se aprovechó de la buena voluntad de los campesinos y para que el Secretario se incorpore al comisariado, su autoridad agraria.
“Con toda esa actitud negativa la comunidad agraria se descontenta con la Procuraduría Agraria que a toda costa quiere mantener en el poder a Julio Rivera Rivera y Amelia Gómez, quien se vale de ser licenciada y dice tener dinero para comprar a cualquier funcionario de la Procuraduría Agraria”, señalaron.