Comunidades y ejidos exigen a Jara derogar artículo que extingue propiedad social de la tierra en Oaxaca

Estatal | 20-12-23 | 20:12 | Actualizada | 20-12-23 | 20:12 |

Juan Carlos Zavala

Oaxaca de Juárez.- Comunidades ejidales y comunales, organizaciones de la sociedad civil y comuneros, exigieron al gobernador de Oaxaca y al Congreso local que a la brevedad se derogue el artículo 25 de la Ley de Ingresos de 2024, así como su programa que denomina: Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio.

En un pronunciamiento, señalaron que no basta con conferencias y declaraciones mediáticas del mandatario y del consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero en las que han afirmado que es falso su pretensión de privatizar las tierras comunales y ejidales.

El artículo de la Ley de Ingresos de 2024, explicaron, vulnera la seguridad jurídica de la propiedad social de las comunidades agraria, indígenas y ejidos, y el derecho inalienable consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establecen la libre determinación, la propiedad social de los territorios de los pueblos originarios y que el gobierno del estado está obligado a respetar y aplicar plenamente.

“Considerando que una ley secundaria no puede afectar los derechos constitucionales y convencionales de las comunidades agrarias y ejidos, entendiendo que en el Estado de Oaxaca existen 16 pueblos indígenas, cuya organización política, social, económica y cultural data de muchos siglos que, en la época de la invasión europea, trastocó gravemente nuestras formas de vida y convivencia con la madre tierra”.

La Ley de Ingresos aprobada por el Congreso local, a iniciativa de Salomón Jara, establece la creación Programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidal y comunal, “beneficiando directamente a los propietarios e indirectamente a los municipios que ven incrementado su padrón de propiedad inmobiliaria y con esto el impuesto predial que sirve de coeficiente para la distribución de participaciones federales”.

Además, ese artículo plantea otorgar estímulos fiscales a los beneficiarios del programa de certeza jurídica de la seguridad y bienestar del patrimonio, incorporando a la propiedad privada los predios ejidales y comunales que han adoptado la certificación de derechos agrario bajo la modalidad de dominio pleno y que no han regularizado la inscripción en la base catastral y ante el Instituto de la Función Registral.

Los firmantes del pronunciamiento explicaron que la parte del decreto que se cuestiona es una clara muestra de la visión neoliberal, fundada en la política impuesta por Carlos Salina de Gortari mediante la reforma constitucional del 6 de enero de 1992, para la privatización de la propiedad social que detentan las comunidades agrarias indígenas y ejidos.

“En el estado de Oaxaca la pretensión del gobierno de la Primavera Oaxaqueña de incrementar la base recaudatoria por pago de derechos catastrales y registrales, demuestra claramente el desconocimiento de la realidad de las comunidades agrarias, comunidades indígenas y núcleos ejidales, aun cuando se identifica como un gobierno de “territorios y no de escritorios”.

Además, apuntaron que el hecho de que Salomón Jara se asuma como zapoteca, no garantiza que conozca la vida social, económica, política y cultural de los pueblos y comunidades indígenas y agraria, así como los ejidos.

“Visitar a los 570 municipios en el estado, no significa conocer la realidad y el contexto social de las más de 10 mil comunidades que coexisten en Oaxaca, formas de gobierno y organización ancestral reconocidos en el artículo 2º Constitucional y los artículos 4, 5, 6 del Convenio 169 de la OIT”.

También, demandaron que se evite este crimen en contra de la propiedad social, imponiendo la decisión neoliberal, asesinando a la civilización milenaria de nuestros pueblos y comunidades indígenas agrarias y ejidos, frente a una crisis recaudatoria capitalista.

“Llamamos a los pueblos indígenas, comunidades agrarias, ejidos, organizaciones de la sociedad civil y al pueblo en general del estado y del país a movilizarnos hasta la derogación de la política recaudatoria neoliberal que atenta contra nuestra propiedad social. Así como a promover medios de defensa legal ante los tribunales competentes, combatiendo la Ley de Ingresos 2024, en la parte que afecta nuestra forma de organización social y propiedad colectiva”.

Entre los firmantes se encuentran Ejido Santa Catarina Quiané, Ejido Reyes Mantecón, Ejido Trinidad Zaachila Ejido La Guadalupe Trinidad Zaachila; Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Matamoros, Mixe; Comisariado de Bienes Comunales Santa Cruz Papalutla, Tlacolula, Oaxaca, Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chachoapam; Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Alotepec, Mixe, Centro de Estudios de la Región Cuicateca CEREC, Frente no a la Minería por un Futuro de Todas y Todos (integrada por 14 comunidades y ejidos Zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca), Enlace Comunicación y Capacitación A.C., Consejo Civil Mexicano Para La Silvicultura Sostenible Oaxaca; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos “Gobixha” A.C.; Luna del Sur, A.C.; y el Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, A.C.