“Con fallos sin perspectiva de género de jueces, Poder Judicial de Oaxaca envía mensaje de impunidad”

Oaxaca de Juárez.— El Poder Judicial de Oaxaca recientemente ha estado bajo el escrutinio público por algunos casos en los que sus jueces han resuelto con nula perspectiva de género y contra  las víctimas,  advierte la abogada indígena y feminista Flora Gutiérrez Gutiérrez. 

Lo anterior, detalla, pese a que el artículo primero de la Constitución Política mexicana y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “establecen la obligatoriedad de hacer uso de esta metodología [la perspectiva de género], sobre todo en delitos que involucren derechos de las mujeres”, señala.

Entre los casos por los que se ha cuestionado el actuar del Poder Judicial destacan el de María Elena Ríos, víctima de tentativa de feminicidio tras sufrir un ataque con ácido; el de la activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada, y el de Abigail Hay, detenida ilegalmente por policías municipales y encontrada muerta en la cárcel municipal de Salina Cruz.

Flora Gutiérrez Gutiérrez es integrante de la Red de Abogadas Indígenas y aspirante a la magistratura externa para integrar el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO), tras la convocatoria exclusiva para mujeres emitida por el Poder Ejecutivo de la entidad.

Por ello, en entrevista con EL UNIVERSAL, sostiene la importancia de que la persona que sea designada para ocupar la magistratura externa vacante conozca y maneje estas perspectivas, porque se requiere un tribunal cercano a la gente e incluyente, donde las sentencias sean públicas y que la ciudadanía pueda acceder a ellas para hacer ese escrutinio público.

“Hace mucha falta porque lo que ha pasado comunica esta impunidad. Y la impunidad es el permiso para seguir cometiendo delitos que tengan que ver con violencia de género en contra de las mujeres”, dice.

La abogada también advierte que se requiere una verdadera independencia del Poder Judicial porque no puede estar supeditado a los otros poderes.

“El Poder Judicial está para resolver los casos”, apunta, “que la ciudadanía, las y los justiciables someten ante los juzgados los casos que llegan a segunda instancia ante las distintas salas y resolver de acuerdo a los elementos de prueba, porque tiene que ser objetivo, imparcial y ajeno a cuestiones políticas”.

De lo contrario, asegura, lo único que se logra es generar impunidad hacia la ciudadanía y hacia las víctimas; estas últimas, quienes en caso de materia penal, “necesitan su derecho a la reparación del daño, a la verdad y a la justicia y justamente eso es lo que no pasa”.

Sobre los casos controvertidos y recientes, la abogada opina que es necesario que la ciudadanía se involucre y pida cuentas al Poder Judicial. Esto, asegura, porque “se ve a los jueces, juezas, magistrados y magistradas, como personas muy lejanas, como un poder  inaccesible, pero al final son servidores públicos que también sus sueldos son parte del presupuesto, en el cual contribuyen las y los mexicanos y entonces también deben rendir cuentas.

“La mejor manera de analizar y visibilizar su trabajo es con el tipo y calidad de las sentencias que emitan los juzgadores o juzgadoras; si vienen con perspectiva de género o con enfoque de derechos humanos o con algún contexto comunitario, si está presente la perspectiva intercultural o toma en cuenta  la edad, la condición; todas estas características  tendrían que estar presentes”, sostiene. 

Flora Gutiérrez menciona que en la medida en que las sentencias sean de calidad, desde estos enfoques, la ciudadanía tendrá mayor confianza y sabrá que  habrá  juzgadores que resolverán conforme a Derecho.

Para los retos que enfrenta el Poder Judicial de Oaxaca, asegura la abogada, no basta con que la persona que llegue como magistrada cubra la parte técnica de conocimientos, que es importante, sino que además se necesita que tenga empatía, sensibilidad, conozca de la perspectiva de género y  la interculturalidad, porque Oaxaca es un estado diverso y plural, así como el enfoque de derechos humanos y la interseccionalidad. “El acceso a la justicia es un derecho humano”, finaliza.