Con proyectos sustentables, el Centro de Apoyo al Movimiento Popular busca superar represión en Oaxaca

Oaxaca de Juárez.– En 1998, un grupo de 38 personas fundó el Centro de Apoyo al Movimiento Popular (Campo), con la intención de ayudar a las comunidades, principalmente de las regiones  Mixteca y  Costa de Oaxaca, que han sido víctimas de la represión del Estado.

Dos años antes, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) irrumpió en la Crucecita, Huatulco, y en Tlaxiaco. En esa irrupción, el grupo guerrillero sostuvo enfrentamientos con el Ejército Mexicano, la Marina, policías federales y locales, y según versiones periodísticas, murieron siete personas.

Lo que siguió, recuerdan, fue una persecución política contra comunidades indígenas de ambas regiones y la aprehensión de decenas de personas de la zona de los Loxicha, a quienes el Estado acusó de pertenecer al EPR, pese a que nunca se les reivindicó como miembros de esa organización. Fueron víctimas de tortura y muchas personas aún continúan en prisión.

Posteriormente, Campo empezó a brindar asesorías y capacitación a comunidades de cafeticultores, con el fin de que realizaran la transición al grano orgánico. Fue así que sus integrantes llegaron a la lombricultura para la generación de abono, actividad que a la postre se convertiría en una de sus principales fuentes de ingresos para sostener a la organización.

Campo, dice su director general, Eduardo Torres Navarrete, busca atender la problemática de los derechos humanos en  Oaxaca, sobre todo los   relacionados con la economía,  lo social,  la cultura y el medio ambiente, enfocados desde lo  individual, pero abarcando hasta lo  comunitario y colectivo.

“Esa es la forma en que nosotros entendemos que hay que intervenir ante tales problemáticas”, dice su director. En la actualidad, la organización promueve dos grandes proyectos. El primero se trata de centros comunitarios de energías renovables en 11 municipios, principalmente en el Istmo de Tehuantepec. 

El segundo, también en 11 municipios, se centra en la defensa de los bienes comunes ante las amenazas de los megaproyectos. Entendidos como el agua, el aire, la ecología, la organización comunitaria, la cosmovisión de la gente y sus propias formas de ver el mundo.

Su sede en San Luis Beltrán, agencia de Oaxaca de Juárez, es una demostración de las cosas en las que creen y que comparten con  comunidades vulnerables y marginadas, principalmente en apoyo de niños, jóvenes y mujeres con disposición de incursionar en la solución de una diversidad de problemas.

“Encontramos que hay una cantidad extraordinaria de soluciones que vienen desde la vieja historia de nuestras sociedades, culturas, combinadas con cosas modernas. Por ejemplo, la lombricultura que es un asunto muy de la naturaleza, pero que la retomamos los humanos, le damos con ciertas técnicas un enfoque y hacemos que sea muy eficiente o rendidora”, explica.

Entre las innovaciones tecnológicas que impulsan, por ejemplo, está la estufa tecoli de combustión pirolítica, con muy poco consumo de leña y que evita enfermedades en quienes trabajan expuestas al humo; así como energía solar, térmica, hidráulica o bioenergía.

“Todos esos elementos están de manera práctica en nuestra sede para el trabajo cotidiano, para la capacitación a las comunidades, a la gente que viene o a las organizaciones con las que trabajamos de pequeños productores, de artesanos y un gran conglomerado en campo”.

En sus instalaciones, además, cuentan con huertos orgánicos, estanques de piscicultura, un módulo de lombricultura intensiva, energía eólica combinada con solar, espacios verdes cultivados con bambú, así como un refrigerador y congelador solares, con los cuales brindan capacitaciones a escuelas y personas de la tercera edad.

La idea, apunta Eduardo Torres, es que la gente vea que hay una multiplicidad de opciones para resolver  los problemas que hay en la actualidad “en sociedades consumistas, en sociedades depredadoras, como en la actualidad se da en muchos lados del planeta”.

Campo, además, promueve la defensa del territorio ante la amenaza de megaproyectos de infraestructura, como carreteras o mineras, entre otros. En Oaxaca, recuerda, más de 80%  de la tierra es de propiedad social, ejidal y comunal, y  muy poca es  privada o pública.

“Entonces la gente de nuestras comunidades tiene un arraigo milenario y hoy se ven amenazados por grandes megaproyectos como las eólicas,  mineras o  carreteras. 

“Hay una gran problemática en el Istmo de Tehuantepec con el tema de estos grandes megaproyectos, incluido el Interoceánico; bueno, qué dice la gente al respecto: quieren, no quieren, le afecta, no le afecta”.

En ese rubro, su  trabajo con  comunidades en defensa de  bienes comunes es a través de asesoría,  capacitación y  defensa jurídica agraria. “Es facilitar que  la gente comprenda y  defienda su derecho a la tierra, por ejemplo, con una defensa jurídica”.