Con veto a decreto que extinguía Comité de Participación Ciudadana, Murat “rectificó” la ley, dice su presidente

Oaxaca.- El veto total del gobernador Alejandro Murat Hinojosa al decreto que crea la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca (SECCO) representa una “rectificación” del Ejecutivo, “porque se da cuenta de que la nueva legislación era completamente inviable en su aplicación”, opinó Pablo Munguía Gaytán, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC).

De acuerdo con el presidente del CPC del SECCO, es una rectificación porque esto se debió vetar desde la reforma que los legisladores de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca hicieron al Artículo 120 de la Constitución Política del Estado, a partir de la cual crean la ley secundaria.

“El hecho de que no se haya vetado la reforma constitucional implicó toda esa cosa que hoy lo ven, se dan cuenta que es un Frankenstein legislativo. Es inviable, es inaplicable, invade muchas esferas de otros poderes. Eso es lo que implica, es la rectificación. Me refiero a que esta ley fue aprobada una vez que se hicieron las reformas a la constitución que tienen que ver con el sistema estatal de combate a la corrupción. Ahí es donde se debió haber corregido el Ejecutivo”, dijo.

Este veto, aclaró, no es por ser contestatario al Poder Legislativo o llevarle la contra; sino porque lo que aprobaron durante la anterior legislatura era contradictorio de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

El gobernador Alejandro Murat vetó la nueva Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción desde el pasado 24 de noviembre de 2021, con los argumentos de que el decreto no fue expedido de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tampoco está homologado con el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y porque violenta el principio de legalidad, la supremacía constitucional, la certeza y seguridad jurídica, e invade esferas de competencia y vulnera la división de poderes.

Además, porque impactaría presupuestalmente al no realizarse el procedimiento respectivo ni el análisis financiero necesario.

Pablo Munguía, presidente del CPC del SECCO, insiste en que debió vetar desde la reforma constitucional, porque al no hacerlo originó que los diputados locales crearan la ley secundaria del sistema y la cual es completamente inviable.

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Pero además, porque también durante este periodo – posterior a la reforma constitucional realizada en abril de 2021 – los legisladores llevaron a cabo la selección de personas que integran un Consejo de Participación Ciudadana y el cual se hizo aún sin contar con la ley secundaria y, al no haberla, quienes integran este consejo caen en el delito de usurpación de funciones, señaló el funcionario.

“No debieron haber seleccionado (al Consejo) mientras no hubiera ley secundaria. Aquí hay muchas cosas viciadas de origen, lo cual denota que una de las principales razones por las que hicieron estas reformas, y eso lo desnuda incluso el haber nombrado este Consejo, era secuestrar al sistema a favor de un pequeño grupo de Morena, que no representan a todo Morena. A los cuales les ganó la ambición y a costa de hacer cualquier atropello jurídico, aprobaron esta ley y nombraron a estas personas totalmente fuera de la legalidad”.

A partir de este veto, explicó, lo que sigue es que debe ser sometido a revisión de la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca, a través de la Comisión de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, y emitir una opinión al respecto.

“Qué sigue en los hechos reales: tiene que venir un respaldo al veto y no porque los legisladores quieran quedar bien con el gobernador, eso está alejado de la realidad, sino porque se tiene que cumplir con el marco legal”.

Pablo Munguía prevé que los legisladores locales ratificarán el veto de Alejandro Murat y deberán realizar nuevamente una reforma al Artículo 120 de la Constitución del estado, para que las cosas vuelvan a la normalidad.

Sobre la existencia simultánea del CPC y del Consejo nombrado por los diputados de la 64 Legislatura de Oaxaca, respondió que el CPC es el organismo legal, porque está armonizado con la Constitución federal y con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y que nunca ha dejado de operar ni de ejercer sus funciones.

El Consejo, sostuvo, es espurio porque está fuera de la ley y más aún con el veto del gobernador Alejandro Murat.

“Repito, no debieron siquiera haber entrado en funciones mientras no hubiera una ley secundaria que garantizara su vigencia jurídica. Y es grave lo que han hecho, porque ahí hay una usurpación de funciones muy crítica, incluso se atrevieron a firmar convenios: el último con la UABJO, vergonzoso, porque en el marco jurídico actual un presidente no puede firmar convenios si antes no recibió la aprobación por escrito en un acta del Comité Coordinador del SECCO.

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Aquí hay una grave violación y hay usurpación de funciones, reiteró, así como una serie de aberraciones jurídicas que violan el marco jurídico actual.

“Es muy fuerte, e incluso se llevan entre las patas al rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Eduardo Bautista Martínez) al firmar una cosa de estas. 

“Mal asesorar al rector y se han presentado con una personalidad que no tienen sobre todo con organizaciones de la sociedad civil y universidades, con una personalidad que no tienen acreditada porque fueron nombrados antes de la ley secundaria. Realmente estaban trabajando en la ilegalidad, lo cual es muy grave”, sentenció.