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La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó que el joven Diego Ignacio Paz, estudiante de la Anáhuac, asesinado por policías municipales de Santa Lucía del Camino durante un operativo alcoholímetro implementado por el presidente Juan Carlos García Márquez, no se encontraba alcoholizado ni había consumido drogas, según los dictámenes periciales.
Ante este panorama, el organismo resolvió que el asesinato del joven se trató de una ejecución extrajudicial y que, hasta la fecha, el gobierno municipal de Santa Lucía del Camino no inició ninguna acción de responsabilidad administrativa contra los agentes de seguridad pública involucrados.
La noche de 30 de agosto de 2024, Diego Ignacio Paz y otro joven que lo acompañaba viajaban en un vehículo, cuando policías les ordenaron bajarse del vehículo en un retén de alcoholímetro.
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Ante el temor por la actuación prepotente de los agentes de seguridad, Diego evadió el punto y dejó el carro estacionado calles adelante. Él y su acompañante trataron de continuar a pie y escapar de los policías; de pronto se separaron y los policías dispararon sus armas matando a Diego, mientras que al otro joven lo torturaron encima del techo de una casa, que posteriormente se desplomó.
“Nos metimos a Mártires de Tacubaya temiendo por nuestras vidas de que los oficiales estaban muy agresivos, avanzamos mucho sobre la calle hasta que llegamos a la Plazuela de las Tres Cruces, que es donde hay árboles, porque empieza el Parque de las Canteras, por ahí dejamos el vehículo, sobre la calle empedrada, nos bajamos y Diego le puso seguro a su coche y corrimos porque vimos que venían los policías (…). Salí de donde estaba para buscar a Diego, pero ya no lo vi.
“Cuando iba bajando la calle, vi que venían unos policías, entonces corrí de nuevo, bajé unos escalones hacia donde está el techo del teatro al aire libre, en ese momento escuché varios disparos, como 6 más o menos, entonces me dio miedo y corrí por encima del techo que es como de plástico gris medio transparente, al llegar a la orilla me frené porque ya no había para donde correr y me alcanzó un policía, me empezó a pegar y comencé a forcejear con él para zafarme porque tenía miedo por los disparos que se escucharon; se rompió el techo y caímos, no sé cuántos metros, pero estaba muy alto, estando ahí abajo me empecé a quejar del dolor y llegaron varios policías y me rodearon, después llegaron unos paramédicos, pero no me llevaron en la ambulancia”, narró el joven sobreviviente.
De acuerdo con la DDHPO, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, difundió información falsa en medios de comunicación y en comunicados oficiales de que los jóvenes se encontraban alcoholizados y no hay ninguna evidencia de que durante su huida atropellaron a un elemento de seguridad pública.
La autopsia reveló que Diego Ignacio Paz recibió dos disparos por la espalda, a la altura de la cadera, y que incluso lo patearon y torturaron pese a que se encontraba herido por los disparos del arma de fuego.
Y que los policías que participaban en el operativo alcoholímetro no estaban certificados ni capacitados, y que por tanto, primero, no debieron ser contratados, y en segundo, no tenían derecho a portar armas de fuego.
“El Ayuntamiento fue omiso en proporcionar un listado de las personas servidoras públicas que intervinieron en los hechos, ni remitió el informe de todos los superiores y cadena de mando responsables de la planificación y ejecución del operativo de los días 30 y 31 de agosto de 2024 y quienes de manera remota o en el lugar de los hechos supervisaran o realizaran alguna función de mando o control de los elementos policiales que participaron en la persecución y uso de la fuerza en agravio de VD1”.
