Estatal | 29-09-22 | 06:09 | Actualizada | 29-09-22 | 06:09 |
Oaxaca de Juárez.- La 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó por mayoría de votos la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado (LIPEEO), con la que se aplaza de manera indefinida la obligación de los ayuntamientos que se rigen por sistemas normativos indígenas de garantizar la paridad de género en la conformación de sus cabildos.

Con esta modificación se deja sin efecto la reforma del 2019, cuando se estableció como plazo el año 2023 para que 417 municipios que se rigen por sus usos y costumbres establezcan la paridad de género.

Ahora únicamente se establece que la paridad se establecerá de forma gradual y no establece una fecha límite.

 

 

También señala que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), será el responsable de vigilar su cumplimiento y “coadyuvar” en la integración paritaria de las autoridades electas de acuerdo a las normas internas de cada municipio, hasta alcanzar la paridad entre mujeres y hombres.

En el dictamen aprobado por el pleno del Congreso de Oaxaca, se argumenta que en la reforma de 2019 “no hubo consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas en las que impacta el decreto 1511”, en el cual se estableció como plazo el año 2023 para tener ayuntamientos paritarios.

Al respecto, la Red de Abogadas Indígenas (RAI) ha declarado que esta nueva reforma tampoco fue consultada con los pueblos y comunidades indígenas; además, remarcó que es falso que a causa de la paridad hay más violencia política contra las mujeres en estos municipios y que esto es un discurso revictimizante que anula sus derechos políticos.

 

 

“Desde la RAI Oaxaca decimos ya basta de pretextos para no garantizar nuestros derechos, la colectividad sin las mujeres no es colectividad”, expresó la organización el mismo día en que la Legislatura aprobó estas reformas.

El Congreso del estado también señaló como argumento que resulta inverosímil que la totalidad de las comunidades que cuentan con un propio sistema de organización puedan realizar un cambio en su forma de gobierno y elección en cinco años, mientras que su sistema normativo data desde el asentamiento de los pueblos indígenas de forma previa o durante la colonización.

“Por esta razón resulta desproporcionado que establezca un plazo tan corto de cumplimiento de un principio de forma tajante, sobre comunidades que deben llevar a cabo diversos actos para poder formar parte de la autoridad correspondiente.

 

 

“Tomando en cuenta que, para resultar electo en asamblea, por regla general, debe cumplirse con el sistema de cargos de la comunidad, las cuales en promedio cuentan con una duración de un año”, apunta el dictamen.

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