Congreso de Oaxaca pide liberación inmediata de niña y 11 personas presas ilegalmente en Teojomulco
De acuerdo con el Congreso, la niña y sus padres llevan siete meses detenidos en los separos municipales; pide pide continuar carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad
San Raymundo Jalpan. – Las y los diputados de la 65 Legislatura exhortaron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para que de manera inmediata libere a una menor de edad, a sus padres y a nueve personas más que se encuentran ilegalmente privadas de su libertad en la cárcel municipal de Santo Domingo Teojomulco.
De acuerdo con el Congreso del estado, la niña y sus padres llevan siete meses detenidos en los separos municipales de esta comunidad. Asimismo, pidieron continuar con la carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad, luego de que estas 11 personas aún permanecen retenidas desde hace varios meses, sin que a la fecha su situación legal haya sido determinada por un juez.
“Esta detención se realizó el pasado 29 de mayo por parte del síndico y el presidente municipal en contra de los ciudadanos Erika Díaz Martínez y Rubén Gutiérrez Silva, además de otras nueve personas que se encuentran dentro de dichos separos tras realizarse una auditoría a la gasolinera de la cual son administradores”, explicó el Congreso local.
Al respecto, el diputado Horacio Sosa Villavicencio expresó, “si bien es cierto que los ayuntamientos tienen capacidad de determinar arrestos como sanción por faltas administrativas, es claro también que estos no deben superar las 36 horas, por ello les pido a mis compañeros y compañeras legisladores y legisladoras que, tomando en cuenta que se trata de un asunto del que dependen la vida y la integridad de al menos cuatro personas, incluyendo a un bebé, abordemos este asunto de urgente y obvia resolución”.
De acuerdo con el artículo 16 constitucional, en su párrafo tercero señala que no podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y en su párrafo siguiente agrega que la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, y que, de no hacerlo, esta acción será sancionada por la ley penal.
Este punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno Parlamentario con 30 votos a favor.
