De esta manera la o las personas a las que corresponda informar sobre la capacidad económica de un deudor alimentario, tendrán la obligación de suministrar los datos exactos que solicite el juez de lo familiar.
De igual forma, se propone imponer las mismas sanciones a aquellas personas que se resistan a acatar las órdenes judiciales de descuento, ayuden al deudor a ocultar o simular sus bienes, o a eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
“Y que los deudores alimentarios deberán de informar de inmediato cualquier cambio de empleo, el lugar donde está y el puesto o cargo que desempeñará, a efecto de que continúe cumpliendo con la pensión alimenticia y no incurra en alguna responsabilidad.
De acuerdo con el Congreso, en la actualidad muchos deudores alimentarios cambian de fuentes de trabajo con el fin de que no se les descuente y esto afecta a la niñez.
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