Según un documento en poder de EL UNIVERSAL, el origen del conflicto entre los trabajadores del Centro de Justicia de Tuxtepec y la base trabajadora se remonta al 6 de septiembre de 2018, meses después de la inauguración oficial por parte del gobierno del estado del recinto administrativo que pretendía aglutinar al personal de juzgados de Ejecución de Sanciones, Primero Penal y Juzgado de Control de Tuxtepec.
En dicho documento, Díaz Aragón firmó un informe de Comisión y Encargo donde constató que en su recorrido por las instalaciones “el inmueble está completamente equipado para prestar un mejor servicio”.
Sin embargo, lo que refirieron los inconformes fue que desde entonces, el estado del inmueble no ha mejorado y no existen las condiciones para la impartición de justicia o incluso, para ser habitable.
En marzo de 2017, el gobernador Alejandro Murat inauguró oficialmente dicho edificio público, que fue entregado sin luz, agua ni drenaje, lo que mantuvo paralizado su funcionamiento, reportaron medios informativos locales en su momento.
Tras la inconformidad de la barra de abogados, el exgobernador aseguró que se trataba de una primera etapa, para reinaugurarlo en agosto de ese mismo año, pero manteniendo las mismas condiciones de obras inconclusas, sostuvo Alejandrina Ronquillo, presidenta de la Barra de Abogados de Tuxtepec.
Según los sindicalizados, las cosas empeoraron cuando en junio de 2018 las oficinas de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca se mudaron al Centro de Justicia y un mes después se agregó la Defensoría Pública Estatal y las oficinas de la Secretaria de Seguridad Pública.