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La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aseguró que el decreto presentado ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sólo es “un paliativo” a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Lo anterior, explicó, excluye al 70 por ciento de las y los trabajadores al servicio del Estado, quienes permanecen en el régimen de cuentas individuales impuesto por la Ley del ISSSTE de 2007. Este decreto aplica únicamente al personal incorporado al Décimo Transitorio, lo que representa alrededor del 30% del total y que, además, es una medida gradual que será efectiva en su totalidad hasta 2034.
Por ello, la Sección 22 afirmó que la respuesta de la mandataria a la demanda de la CNTE, y que es la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, "ni es universal, ni inmediata y mucho menos una respuesta estructural".
Esto, porque a pesar del decreto condiciones de injusticia y precariedad continúan para la mayoría del magisterio, quienes, para poder retirarse, deben trabajar hasta los 60 años para retirarse por cesantía, siempre y cuando cumplan mínimamente con 25 años cotizados, además de contar con su cuenta de ahorro individual. Y para acceder al Fondo de Pensión para el Bienestar deberán laborar hasta los 65 años, la cual está supeditada a la disponibilidad del presupuesto federal”.
Exige abrogación de la Ley del ISSSTE
La Sección 22 del SNTE exigió la abrogación inmediata de la Ley del ISSSTE 2007, “sin simulaciones, ni decretos parciales que solo buscan perpetuar la injusticia laboral y la precarización de las y los trabajadores de la educación”.
Afirmó que las políticas neoliberales continúan explotando al gremio magisterial y el discurso de humanismo que promueve la llamada 4T es una completa falacia. “La clase política, sin importar el color con que se vista, mantiene las mismas prácticas demagógicas, que sólo benefician a intereses ajenos a los derechos laborales y del magisterio”.
También, insistió en la abrogación de las reformas educativas aprobadas en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, las cuales, aseguró, buscan privatizar la educación pública y desarticular la organización del magisterio democrático aglutinado en la CNTE.
Sus principales consecuencias de estas reformas educativas, puntualizó, han sido de carácter administrativo y laboral. En particular, la Sección XXII, por mantenerse en resistencia, ha sido castigada sistemáticamente: sin contrataciones, sin ascensos, sin pago de horas laboradas y con la falta de claves para escuelas, entre otras arbitrariedades.
“Aunque Andrés Manuel López Obrador prometió abrogar esta reforma sin dejar ni un punto ni una coma, en los hechos fortaleció a la USICAMM, el organismo encargado de la movilidad y asignación de plazas que mantiene a los docentes en un régimen de excepción laboral. Esta instancia no sólo reproduce la burocracia y opacidad heredada de la reforma peñista, sino que también perpetúa la exclusión y precariedad del magisterio”.
Sobre el reciente cambio en el procedimiento de movilidad de centros de trabajo anunciado ayer por el Gobierno Federal, sostuvo que no es más que un acuerdo político superficial, que no representa una modificación sustancial a la reforma educativa.
“Exigimos la abrogación de dicha reforma y rechazamos la simulación de consultas diseñadas para modificar únicamente la USICAMM, organismo que mantiene a los maestros fuera del apartado B del artículo 123 constitucional, sujetándolos únicamente a los párrafos séptimo y octavo del artículo tercero”, recalcó.
Esta exclusión legal perpetúa la precariedad laboral, detalló, porque los docentes no gozan de las garantías constitucionales comunes al resto del servicio público. Al regirse únicamente por el artículo tercero, dijo, se les niega el acceso a derechos fundamentales consagrados en el artículo 123, condenándolos a la vulnerabilidad y la injusticia laboral.
Y finalmente, sobre el anunciado aumento salarial del 10% para septiembre de este año, afirmó que no corresponde a la realidad de las y los trabajadores.
“Diversos análisis demuestran que apenas un 4% impacta realmente en el sueldo base (concepto 07), que es el que cuenta para efectos de pensiones y prestaciones. A esto se suma la alta carga fiscal por concepto de ISR, que en muchos casos supera el 12% del ingreso bruto mensual, es decir, se simula un incremento mientras se mantienen los mecanismos de extracción vía impuestos, profundizando la precariedad del magisterio”.
Para la Sección 22 del SNTE, los anuncios, realizados ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, son simulaciones y “migajas maquilladas de justicia” que no aceptan.
“La Cuarta Transformación ha mostrado su verdadero rostro”, sentenció, “el de continuidad neoliberal, el discurso del humanismo se desmorona ante la realidad de millones de trabajadoras y trabajadores condenados a la precariedad”.
