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Organizaciones de la sociedad civil denunciaron la devastación ambiental y el aumento de la presencia del crimen organizado en las comunidades donde se desarrollan megaproyectos del gobierno federal, impulsados por la llamada Cuarta Transformación.
Durante el foro “Los Pueblos y las Alternativas de Vida Frente a la Ilusión del Desarrollo”, precisaron que los impactos de estas megaobras son la deforestación, plagas, violencia, crecimiento económico desigual, acaparamiento de tierras y monocultivos de maguey.
Además, sostuvieron que están propiciando el saqueo de saberes tradicionales, venta de tierras ejidales y comunales, contaminación del agua y crimen organizado.
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"Más recientemente la construcción de proyectos de infraestructura como la carretera barranca larga-ventanilla y penales de alta seguridad federal y estatal, la presa ahora llamada Margarita Maza (antes Paso Ancho) y la latente amenaza de la explotación de las concesiones mineras en la región".
Según los participantes en el foro realizado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, municipio de la Sierra Sur de Oaxaca, la Cuarta Transformación, en su segundo piso que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sigue representando los "intereses de la burguesía, la oligarquía financiera y el imperialismo norteamericano, la política para favorecer los intereses de los dueños del capital", de la misma forma como ocurría con los gobiernos del PRI y el PAN.
Además, afirmaron que estos proyectos se siguen imponiendo sin tomar en cuenta las determinaciones de las comunidades.
Mencionaron que en Oaxaca existen tres proyectos de explotación minera: Altagracia y Arista propiedad de una empresa estadounidense y el proyecto “San José” en el municipio de San José del Progreso de la empresa peruana JRS Ingeniería. En la minería, señalaron, no sólo son los impactos ambientales, sino también la división social, la falta de participación ciudadana y criminalización de defensores de la tierra, como ocurrió en el caso de San José del Progreso, donde asesinaron al ingeniero Bernardo Vásquez Sánchez el 15 de marzo de 2012.
"También los pueblos en resistencia han tenido que enfrentarse al engaño, la represión y criminalización de defensores y defensoras del territorio como la presa “Paso de la Reina” en la costa oaxaqueña, “La Parota” en el estado de Guerrero, o en el caso del compañero Tomás Martínez Pinacho, asesinado el 24 de agosto de 2020 o los comuneros de Puente Madera".
Las organizaciones sociales insistieron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el actual de Claudia Sheinbaum ha representado un cambio en la política de despojo de las riquezas de los pueblos por parte de empresas nacionales o extranjeras o de caciques locales "que se venden al mejor postor y se convierten en ejecutores de la guerra sucia contra los pueblos y los defensores de los recursos naturales".
