"Despido de trabajadores del gobierno de Oaxaca, también violó derechos humanos de sus familias"
Ignacio Villanueva, titular de una firma de abogados que promovió amparos a favor de los trabajadores despedidos, señala que se dejó sin el sustento económico y sin otros derechos a las familias de los mil 344 afectados
El abogado Miguel Ignacio Villanueva López aseguró que el decreto 24 con el que se suprimieron las bases de mil 344 trabajadores del gobierno de Oaxaca, también significó una violación a los derechos humanos de las familias de los afectados.
Lo anterior, explicó, porque se dejó sin el sustento económico y sin otros derechos, como el derecho a la educación, a la salud y a la dignidad humana.
Ignacio Villanueva, titular de una firma de abogados conformada por Enrique Saddam Jackson Aguilar, Miguel Ángel Varela Arenas y Francisco Ricardo Salinas López, promovieron amparos de un grupo de trabajadores con el decreto 24 aprobado en la 66 Legislatura del Congreso del Estado, a iniciativa del gobernador Salomón Jara Cruz.
A través de estas demandas de amparo, lograron la suspensión provisional del decreto a favor de los trabajadores y establecieron la obligación del gobierno del estado a pagar el 30 por ciento, como “mínimo vital”, a los trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada.
El especialista detalló que en estos juicios se argumentó que el decreto contempla la indemnización a las personas afectadas sólo en caso de que cuenten con los recursos económicos para ello, lo cual es una violación al artículo 39, fracción quinta, inciso J, de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Además, dijo que viola el artículo 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “ya que, si bien marca que sí existe la supresión de bases, también establece que debe haber un procedimiento para ello”.
Para suprimir una base, al trabajador debe otorgársele otra o una semejante a la que se le está suprimiendo, en el mismo lugar de trabajo, con el mismo sueldo y prestaciones, o a una indemnización; pero entre estas dos, es potestad del trabajador decidir si quiere una nueva base o plaza, o la indemnización. “Es decir, te da la opción de elegir entre una y la otra”.
Y el decreto, añadió, al no respetar el procedimiento ni estas bases, está violando una norma constitucional.
Ignacio Villanueva aseguró que, como especialistas, advierten una violación de los derechos humanos de los trabajadores afectados, y que es inconstitucional.
“Si es una violación a los derechos humanos. Si bien es cierto que existe la supresión de bases, también debe haber un procedimiento y al final de todo, la Constitución marca que debes compensar al trabajador con una base similar o el pago de una indemnización. En ese sentido, el decreto es totalmente inconstitucional y está afectando derechos humanos de los burócratas”.
Tras la admisión de los amparos, la suspensión provisional del decreto y el establecimiento del pago del 30% del salario a los trabajadores que defienden, el abogado informó que van a impugnar esta resolución con el fin de que la suspensión provisional sea con el pago del 100 por ciento del salario de los trabajadores y que se incluyan las prestaciones de seguridad social, con el fin de que también tengan acceso al derecho a la salud.
“Lo que se busca es lograr esta suspensión provisional del 100% y posterior a esto la restitución del trabajador a su centro de trabajo.
“La presentación de la demanda de amparo fue apegada a derecho, no tuvimos ningún tema de que no la quisiera admitir; fue un proceso apegado a la ley como debería de ser, se hizo una presentación de la misma y se nos contestó en el plazo estipulado”.
Villanueva López dijo que esperarán a terminar el proceso de la demanda de amparo contra el decreto del gobernador Salomón Jara, y luego, promover una controversia constitucional, la cual tendría un efecto colectivo a favor de todas las personas a las que se les suprimió su base y fueron despedidas de manera injustificada.
El abogado puntualizó que se tienen todas las bases suficientes para tener un buen resultado y reiteró que el decreto es inconstitucional.
“La finalidad es apoyar a los trabajadores que se están quedando sin su empleo, sin su acceso a sobrevivir ante este acto arbitrario. Queremos poder ayudar y apoyar en lo que más que se pueda. No solamente a los trabajadores, sino también a sus familias, porque no solamente se está dejando sin sustento a mil 344 personas, sino también a quienes dependen económicamente de ellas”.
