Un juez federal difirió la audiencia de juicio contra tres mandos policiacos imputados por el asesinato de ocho personas y más de un centenar de heridos durante el operativo de desalojo en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de Junio de 2016.

El presidente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad “19 de Junio”, Santiago Ambrosio Hernández, explicó que la audiencia programada para ayer 7 de septiembre de 2026 y con la que arrancaba la última etapa del proceso judicial para emitir sentencia, se pasó hasta el próximo 6 de enero de 2027.

Lo anterior, dijo, porque la Administradora del Centro de Justicia no citó a todos los testigos del caso - algunos de los cuales viven en Zacatecas y en la Ciudad de México - ni a los peritos que participaron en la investigación.

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El 19 de junio de 2016, fuerzas federales y estatales montaron un operativo para desalojar a un grupo de personas simpatizantes de la Sección 22 del SNTE - muchos de ellos del municipio de Asunción Nochixtlán - que mantenían bloqueada la carretera federal Oaxaca-Cuacnopalan para protestar contra la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, y contra la aprehensión de tres dirigentes del gremio magisterial oaxaqueño.

En este operativo, murieron ocho civiles y más de un centenar de personas resultaron lesionadas, algunas de ellas con heridas de bala; también se registraron detenciones arbitrarias.

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El 28 de agosto de 2025, se informó de la aprehensión del policía vial José Luis Lazo Sánchez acusado del asesinato de tres personas durante el operativo de desalojo en Asunción Nochixtlán el 19 de junio de 2016; y hasta la fecha, otros seis mandos y elementos policiacos que participaron en estos hechos ya fueron vinculados a proceso. Estos últimos, sin embargo, llevan su proceso en libertad, tras obtener amparos de jueces federales.

La audiencia del inicio de juicio que debió realizarse ayer, pero que fue reprogramada hasta el 6 de enero de 2027, era contra tres de los policías imputados por los hechos que ocurrieron hace poco más de 10 años.

El Comité de Víctimas “19 de Junio” representa a 65 personas que resultaron lesionadas durante el desalojo violento en el que participaron fuerzas federales y estatales; cuatro de ellos, son familiares de algunas de las personas que murieron ese día. Las 65 personas decidieron rechazar la indemnización propuesta por el gobierno federal y optaron por continuar con el proceso judicial en el que buscan lograr justicia por las lesiones que sufrieron y la muerte de sus familiares.

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Santiago Ambrosio denunció que no citar a todos los testigos y peritos del caso, fue una “maniobra” de la Administradora del Centro de Justicia para continuar postergando el proceso judicial.

“Fue la administradora del Centro de Justicia que hizo la maniobra, porque no cita a todos los testigos, no cita a la parte que corresponde a los peritos, no fueron citados, y hay testigos unos que están en Zacatecas, en la Ciudad de México y en diferentes partes del país”, dijo.

El dirigente de las víctimas aseguró que al no ser citados por la autoridad, los deja desprotegidos y con una “debilidad enorme”, porque da tiempo a la defensa de los imputados a interponer impugnaciones y obligar a que se reponga todo el proceso. También, señaló, se corre el riesgo de que en noviembre o diciembre renuncie “voluntariamente” el Ministerio Público asignado al caso, como ha ocurrido en otras tres ocasiones, y ahora ellos sean los que tengan que pedir que se difiera la audiencia, porque un nuevo Ministerio Público no tendría el tiempo suficiente para analizar a fondo toda la carpeta de investigación y las más de 270 pruebas que ahí están contenidas.

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Anteriormente, la defensa de los policías imputados trató que el juez otorgara una nueva prórroga e impedir la audiencia de ayer 7 de septiembre bajo el argumento de que no conocían a fondo la carpeta de investigación, la cual consta de varios tomos.

Sin embargo, el juez rechazó diferir la audiencia porque ya han pasado más de ocho años desde que se inició el proceso contra los imputados. Lo que finalmente se logró, porque no fueron citados todos los testigos y peritos por parte del Centro de Administración de Justicia.

“Nos queda claro el sesgo que le han dado a este proceso que llevamos desde hace 10 años”, expresó Santiago Ambrosio.

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Ante esta situación, informó que realizarán una movilización y protesta en la Fiscalía General de la República (FGR); uno de sus objetivos, dijo, es impedir que el Ministerio Público renuncie en este lapso de tiempo.

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