El 25% de los conflictos sociales en Oaxaca están relacionados con el Corredor Interoceánico: Educa

La mayoría de los conflictos sociales en Oaxaca documentados por Servicios para una Educación Alternativa (Educa) están vinculados a disputas agrarias entre comunidades, a las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y temas ambientales.

Neftalí Reyes Méndez, integrante de esta organización, precisó que en los últimos tres años se registraron 166 hechos conflictivos en el estado. Sin embargo, aclaró que este número no refleja en su totalidad la realidad de lo que ocurre en el territorio oaxaqueño, porque se trata de hechos que han documentado a través de revisiones hemerográficas o por el contacto directo con algunas de las comunidades afectadas; es decir, estimó que el número sea mucho mayor.

De estos 166 casos documentados, agregó, el 26 por ciento están relacionados a conflictos agrarios, el 25% a las obras que se desarrollan por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y el 12% a temas o problemas ambientales.

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En al menos 40% de los hechos encontraron que hay omisión del Gobierno de Oaxaca para atenderlos y dar una posible solución; en el 28% hallaron elementos para afirmar que hay o hubo actos de provocación a través de grupos de choque; y que, en el 15% las autoridades estatales únicamente administran el conflicto.

“Hay grupos de choque que están empezando a operar y que están relacionados a conflictos históricos y actuales, de la misma forma en que se realizaba en administraciones o gobiernos anteriores”, dijo.

El integrante de Educa mencionó que también se encontró que en el 27% de los hechos conflictivos hay actos de criminalización contra las personas defensoras de su territorio, del medio ambiente o de derechos humanos. Mientras que en el 25% hay actos de hostigamiento y en el 21% hubo asesinatos.

Toda esta situación, sostuvo, es un reflejo del deterioro de los derechos humanos en Oaxaca. Y esto se debe a la construcción de mega obras que son “vendidas” a las comunidades como necesarias para el desarrollo; pero, hay un patrón de violación de derechos humanos desde que no se cumple con una consulta pública e informada hacia la población afectada, y por la falta de transparencia.

Así como a la agresión y criminalización de personas defensoras, muchas de las cuales son sujetas a procesos judiciales en su contra, a amenazas, hostigamiento, y asesinatos; al incremento de la violencia feminicida; a la falta de atención a grupos vulnerables; y al 90% de impunidad en los casos denunciados y en los asesinatos de activistas.