Elizabeth Mosqueda, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, aseguró que nueve mujeres con cargos públicos fueron asesinadas a manos de sujetos armados en los últimos tres años en el estado de Oaxaca.
El crimen más reciente fue el asesinato de la presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápam, Nazaret Cortés Velasco; quien sufrió un atentado con disparos de armas de fuego, en el que también resultó con heridas de gravedad su hija Montserrat Cortés. En el lugar de los hechos se encontraron 29 castillos percutidos, según el informe de la autoridad municipal.
También fueron asesinadas por sujetos armados Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines del ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec; Lilia Gemma García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas; Hanna Alí Rosales, regidora de turismo del ayuntamiento de Huajuapan de León; y Reyna Olea Nieva, regidora del ayuntamiento de San Mateo Nejápam.
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Así como Janet Ramírez González, policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Oaxaca; Fabiola A. A., policía municipal de Santo Domingo Petapa; Hortensia Felipe Santiago, regidora suplente de Educación del municipio de San Agustín Loxicha; y Heidi Candelaria Lagunes, regidora de Comercio del ayuntamiento de San Pedro Tapanatepec.
Elizabeth Mosqueda señaló que estos hechos ocurren en un contexto donde ser mujer, ocupar espacios de poder y ejercer autoridad implica un riesgo mucho más alto.
“Nazaret no es un caso más, es una vida arrebatada en medio de un estado que no garantiza la seguridad. Veintinueve disparos no son un hecho aislado, son un mensaje de violencia, impunidad y permisividad. La violencia no sólo mata, también deja familias y comunidades marcadas”, expresó.
Como integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, dijo que la organización exige tras el asesinato de Nazaret Cortés, una investigación inmediata, diligente y con perspectiva de género; castigo a los responsables materiales e intelectuales; protección real para mujeres en cargos comunitarios; y fin a la simulación frente a la violencia feminicida en Oaxaca.