En Oaxaca, 44 personas presas buscan libertad con Ley de Amnistía; es poco accesible para indígenas: expertos

CDMX.— Durante los dos años que lleva en vigor la Ley de Amnistía, que busca que personas encarceladas que pertenecen a grupos históricamente vulnerados tengan acceso a la justicia y a un debido proceso, en Oaxaca se han documentado 44 solicitudes de personas privadas de su libertad, según el Centro Profesional de Asesoría Defensa y Traducción (Cepiadet). 

Esta ley nació como una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 22 de abril de 2020, mientras que  los lineamientos para el Procedimiento de Atención fueron publicados el 19 de agosto de ese mismo año. 

De acuerdo con Cepiadet, de las  44 solicitudes de amnistía que existen en Oaxaca, 24  son de reclusos del Centro Federal 13 de Miahuatlán; 14 del Centro Femenil de Tanivet y una del centro penitenciario de Tuxtepec. 

 

 

Según los datos de esta organización, que fueron obtenidos a través de una solicitud de transparencia realizada a la Secretaría de Gobernación (Segob), con corte al 16 de marzo de 2022, a nivel nacional suman mil 911 las solicitudes, de las cuales 142 son de personas indígenas.

La organización 'Así Legal' explica que la Ley de Amnistía, también conocida como Ley de olvido, implica el perdón a quienes tienen cierto castigo, y elimina sanciones penales, bajo un principio de justicia social. 

Dicha ley, agrega, es un paso hacia el acceso a la justicia para integrantes de grupos históricamente criminalizados, quienes a veces no tienen acceso a un debido proceso, como  personas indígenas presas tras procesos que omiten contexto y lengua.

 

Los retos

 

Benedicto Salinas, abogado de Cepiadet, explica que esta ley enfrenta retos en su  implementación, como la falta de información del proceso, pues en los centros penitenciarios no existió una difusión amplia de esta herramienta. En especial, dice, no fue difundida en lenguas indígenas. Además, señala, hay  poca transparencia sobre las solicitudes y su seguimiento, mientras que la burocracia  hace que el tiempo entre la solicitud y la  respuesta sea muy  largo. 

“Hay una omisión de las legislaturas estatales para impulsar la creación de amnistías locales, también  falta  que el Congreso federal revise los delitos previstos en la Ley de Amnistía y que se cree una política pública encaminada a la reinserción social y comunitaria. También, se carece de lineamientos de perspectiva intercultural y de género”, detalla a EL UNIVERSAL. 

 

 

La  litigante Amaranta Valgañon, de la organización Equis Justicia, coincide en la serie de retos y obstáculos que existen a la hora de solicitar la amnistía y agrega que estos son aún mayúsculos cuando son personas indígenas las que lo hacen. Una de esas barreras, ejemplifica, es que enfrentan a una serie de requisitos para  acreditar su identidad como integrantes de un pueblo originario. 

“La Comisión de Amnistía pide acta de nacimiento y documentos de la autoridad comunal para probar que una persona es indígena, esto es una estigmatización de ser indígena”, asegura en entrevista. 

La especialista también enumera otras trabas a las que se enfrentan los solicitantes y los propios responsables de atender las solicitudes. Por ejemplo, indica que las oficinas para tramitar la amnistía se encuentran en la Ciudad de México y que la comisión que lleva y analiza los casos se creó sin presupuesto, por lo que no cuenta ni con recursos económicos ni humanos, lo que limita su capacidad de respuesta. 

Lo anterior, señala, hace que esta ley en realidad sea poco accesible para quien buscan ser beneficiados por ella, lo que se complica aún más si se trata de personas indígenas. 

“Ya que su capacidad de actuación se ve limitada y con requisitos que piden para acreditar la calidad de indígena de una persona, la ley no es accesible”, dice la abogada. 

A ello suma que en muchos de los casos se trata de personas indígenas, que no tuvieron acceso al debido proceso por características como la lengua y la falta de intérpretes. “Nos habla de un sistema de justicia que encarcela a las personas sin que ellas entiendan lo que está pasando”, reflexiona. 

 

 

Según  la Encuesta Nacional de Población y Privación de su Libertad 2021 (ENPOL) se estima que en Oaxaca hay más de 4 mil personas presas: 95.6% son hombres y 4.4% mujeres.