Los funcionarios que comparecieron fueron Helena Iturribaría Rojas, secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable; Miguel Ángel Morales y Morales, encargado de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca; David Mayren Carrasco, titular de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, y Rodrigo Arnaud Bello, director del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la Competitividad.
También, Arturo Eleazar López Sorroza, titular de la Secretaría de Movilidad; Guillermo González León, director general del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado; Vicente Mendoza Téllez Girón, secretario de Finanzas del Estado; Javier Lazcano Vargas, secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable; Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, titular de la Comisión Estatal del Agua, y Héctor Benítez Pérez, Director de Tecnologías e Innovación Digital.
El diputado local César Morales Niño aseguró que ninguno de los funcionarios públicos responsables de las dependencias ejecutoras de los 3 mil 500 millones de pesos, adquiridos a través de deuda pública en el decreto 809 autorizado por los propios legisladores locales al gobernador Alejandro Murat, aclaró con precisión y claridad los proyectos que se realizan, ni el avance físico ni financiero de las obras, ni las irregularidades que se registran en cada una de ellas.

“Porque en la página del gobierno del estado donde se están reportando estas obras la información es muy general y no permiten la revisión de los proyectos de manera minuciosa”.
Morales Niño también afirmó que se está perdiendo el espíritu del decreto 809, el cual tenía el objeto de reactivar la economía del estado mediante la contratación de empresas oaxaqueñas, porque el gobierno del estado está contratando y asignando las obras a empresas foráneas como ICA.
“Entonces no hay certeza en lo que se informa en documentos y lo que se está haciendo en la realidad, falta mucha información transparencia en la aplicación de este recurso público”.
Según los integrantes del Congreso, varios de los cuales presentan rezago observado por la ciudadanía, ante lo que recordaron que es responsabilidad del gobierno acelerar y concluirlos de manera eficiente para no dejar pendientes a la próxima administración.