En respuesta, la CIDH otorgó medidas cautelares a las 144 familias, solicitando al gobierno estatal de Oaxaca y al gobierno federal que facilitaran el retorno de las familias a su territorio ancestral.
“En la reunión de hoy, quedó demostrado que el gobierno no ha cumplido con las medidas cautelares. Por el contrario, las agresiones armadas contra las familias desplazadas persisten, los paramilitares continúan su campaña de terror. asesinando a los compañeros que alzan la voz y los gobiernos estatal y federal han demostrado una alarmante falta de compromiso y voluntad para facilitar el retorno de las familias”.
La organización política aseguró que esto demuestra un grave incumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
“Además, se ha observado una preocupante interrelación entre el Estado y los paramilitares, evidenciada por la presencia de estos grupos en diversos cargos públicos, lo que agrava la situación y cuestiona la imparcialidad y el compromiso de las autoridades para con los derechos de las víctimas”.
Finalmente, exigió a los gobiernos estatal y federal que actúen de inmediato para asegurar el retorno seguro, “con justicia y dignidad para las familias desplazadas”.
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