Evaden en Oaxaca informar número de funcionarios de los tres niveles que han sido sancionados

Oaxaca de Juárez.— El informe “La impunidad administrativa en México” reveló que las autoridades responsables del estado de Oaxaca en sus tres niveles de gobierno no entregaron información sobre el número de funcionarios sancionados administrativamente y en cuántos de ellos las sanciones fueron efectivas.

A través del sistema de información pública, se hicieron para el estado de Oaxaca un total de 72 solicitudes de información en las que se pidió el número de denuncias o quejas recibidas contra servidores públicos y el número final de sanciones impuestas. Con esta información se obtendría, por exclusión, la cifra sobre los casos que no concluyeron en sanción.

“El porcentaje general de impunidad administrativa, entendida como las conductas no sancionadas, puede encontrarse en la diferencia entre las entradas y las sanciones impuestas”, se explica en el informe elaborado por Luis Darío Ángeles González, con el apoyo de las organizaciones Impunidad Cero y la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del ITESM.

Además, menciona que la posibilidad de que las personas afectadas por cualquier sanción interpongan algún medio de defensa contra la resolución de la autoridad sancionadora tendría que incluir el registro de las impugnaciones presentadas en contra de las resoluciones de la autoridad.

“En ese sentido, la autoridad sancionadora es parte del proceso de impugnación y, por lo tanto, debe tener conocimiento tanto del medio de defensa como del resultado de esa impugnación (es decir, debe saber si la sanción impuesta se mantuvo firme o si fue revocada)”.

De las 72 solicitudes hechas al estado de Oaxaca, en 31 solicitudes no hubo respuesta, en 20 la respuesta fue completa y 21 incompletas.

Con esta información, el estudio no pudo establecer el índice de impunidad en los poderes Ejecutivo y Judicial ni en la Fiscalía General del Estado. Tampoco pudo determinar un índice global de impunidad.

Sólo en el caso del Poder Legislativo encontró que la impunidad alcanza el 100%; es decir, ninguna de las denuncias y quejas contra funcionarios de la Cámara de Diputados local recibieron alguna sanción.

“La impunidad por la falta de sanciones administrativas es aquella que se presenta cuando el Estado es omiso en sancionar las faltas en que incurren las y los servidores públicos derivado del desempeño de su cargo. La última medición que realizamos en Impunidad Cero, indica que esta impunidad a nivel federal es mayor al 90%”, señala el estudio.

También advierte que esta ausencia de sanciones afecta la calidad de los servicios que presta el Estado, por lo que contar con un sistema de sanciones eficaz es un componente clave para que la función pública se desenvuelva correctamente.

Dentro de los principales hallazgos de la investigación se encontró que, con base en la información disponible, la impunidad administrativa global a nivel federal de 2014 a 2019 fue de 80.69%, al analizar la información proporcionada por los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y la FGR. Asimismo, el poder Judicial federal es el que mejor sanciona a sus servidores públicos (14.56% de impunidad), mientras que la entidad federal con mayor impunidad administrativa es la FGR (100% de impunidad). Y finalmente, la impunidad administrativa en el poder ejecutivo federal se redujo de 92.25% en 2018 a 84.80% en 2019, aunque en ese mismo periodo bajaron considerablemente las denuncias.

En cuanto a las entidades federativas, la única para la cual se pudo calcular una impunidad global fue para Coahuila, ya que los cuatro poderes consultados respondieron todas las preguntas.

Para Coahuila, la impunidad global se ubicó en 53.01%. En el resto de los estados, los niveles de impunidad administrativa varían considerablemente. Por ejemplo, para el poder ejecutivo de Nuevo León, se encontró una impunidad de 6.76%; mientras que para el poder judicial de Campeche, se encontró una impunidad de 99.47%.