Además, menciona que la posibilidad de que las personas afectadas por cualquier sanción interpongan algún medio de defensa contra la resolución de la autoridad sancionadora tendría que incluir el registro de las impugnaciones presentadas en contra de las resoluciones de la autoridad.
“En ese sentido, la autoridad sancionadora es parte del proceso de impugnación y, por lo tanto, debe tener conocimiento tanto del medio de defensa como del resultado de esa impugnación (es decir, debe saber si la sanción impuesta se mantuvo firme o si fue revocada)”.
Con esta información, el estudio no pudo establecer el índice de impunidad en los poderes Ejecutivo y Judicial ni en la Fiscalía General del Estado. Tampoco pudo determinar un índice global de impunidad.
“La impunidad por la falta de sanciones administrativas es aquella que se presenta cuando el Estado es omiso en sancionar las faltas en que incurren las y los servidores públicos derivado del desempeño de su cargo. La última medición que realizamos en Impunidad Cero, indica que esta impunidad a nivel federal es mayor al 90%”, señala el estudio.
También advierte que esta ausencia de sanciones afecta la calidad de los servicios que presta el Estado, por lo que contar con un sistema de sanciones eficaz es un componente clave para que la función pública se desenvuelva correctamente.
Dentro de los principales hallazgos de la investigación se encontró que, con base en la información disponible, la impunidad administrativa global a nivel federal de 2014 a 2019 fue de 80.69%, al analizar la información proporcionada por los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y la FGR. Asimismo, el poder Judicial federal es el que mejor sanciona a sus servidores públicos (14.56% de impunidad), mientras que la entidad federal con mayor impunidad administrativa es la FGR (100% de impunidad). Y finalmente, la impunidad administrativa en el poder ejecutivo federal se redujo de 92.25% en 2018 a 84.80% en 2019, aunque en ese mismo periodo bajaron considerablemente las denuncias.
En cuanto a las entidades federativas, la única para la cual se pudo calcular una impunidad global fue para Coahuila, ya que los cuatro poderes consultados respondieron todas las preguntas.