Oaxaca de Juárez.— La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó realizar un exhorto al gobierno federal para que garantice el retorno seguro, a la brevedad, de las familias triquis que fueron víctimas de desplazamiento forzado en Tierra Blanca Copala, localidad del municipio de Santiago Juxtlahuaca.
Los diputados federales solicitaron además a la Fiscalía General de la República que investigue la presunta comisión de delitos que impidieron a las víctimas de desplazamiento forzado el retorno a su comunidad; mientras que pidieron al Gobierno de Oaxaca que dé seguimiento puntual a este caso.
El dictamen también incluye un exhorto al gobierno municipal de Santiago Juxtlahuaca, encabezado por Morena, para que implemente acciones claras, concisas e inmediatas y un llamado a todas las partes involucradas en el conflicto de la región Triqui, para que, acompañadas de las autoridades federales y locales, adopten los acuerdos y medidas necesarias “para la pacificación y sana convivencia de sus pobladores”.
Este llamado fue una propuesta realizada por las diputadas federales del PRI, Dulce María Sauri Riancho y Mariana Rodríguez Mier y Terán, “para que se alcance la pacificación de la región Triqui y se permita el retorno de las familias obligadas al desplazamiento forzado en el municipio de Juxtlahuaca”.
En la propuesta de punto de acuerdo, explica que el 26 de diciembre del 2020 en Tierra Blanca Copala, “un grupo de paramilitares” irrumpió la paz de las y los habitantes de San Miguel Copala y San Juan Copala.
El resultado fue el desplazamiento forzado de 143 familias. Este grupo poblacional, de al menos 503 personas ha señalado en diversas ocasiones al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) como el responsable de provocar la escalada de violencia entre los pobladores de Tierra Blanca; así comode impedir el retorno de los grupos expulsados a su lugar de origen.
“Este conflicto no ha sido ajeno a las autoridades federales y locales, quienes desde enero de 2021, después de un ataque armado en el cual dos personas perdieron la vida, han intervenido para restablecer el orden en esa comunidad”.
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Recuerda que la Secretaría de Gobernación, por medio del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, se había comprometido a instalar elementos de la Guardia Nacional en Tierra Blanca para que los habitantes pudiesen retornar de forma segura a sus hogares como respuesta a las exigencias de las caravanas que el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI); organización que instaló un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México ante la imposibilidad de regresar a su comunidad.
De forma paralela, menciona que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Oaxaca la aplicación de medidas cautelares para la protección de la comunidad Triqui en Tierra Blanca, a través del Plan Integral de Seguridad en la zona Triqui, en el cual, el gobierno estatal desplegó acciones de atención en materia de salud y servicios sociales.
El 4 de febrero siguiente, se instaló una base interinstitucional en la comunidad contigua de Concepción Carrizal, en el cual se atendían las peticiones de seguridad de los habitantes.
Sin embargo, señala que a pesar de las constantes demandas de los colectivos de la comunidad Triqui de Tierra Blanca, “que por siete meses se han mantenido al pie de lucha para la instalación de mesas interinstitucionales que coadyuven al retorno seguro y a la pacificación del conflicto, en diferentes momentos han sufrido de estigmatización y desprestigio”.
Las diputadas del PRI mencionan que el 8 de marzo de 2021, cuando un contingente de mujeres Triqui, las cuales habían anunciado una huelga de hambre como manifestación de forma pacífica, fueron gaseadas como consecuencia de los operativos de seguridad desplegados por el Gobierno de la Ciudad de México.
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La comunidad Triqui, que para el 28 de julio de 2021, esperaba retornar a sus hogares, sigue sin tener respuestas, “pues los grupos paramilitares que integran el MULT, les denegó el acceso a 100 familias en las que se incluían: mujeres en periodo de lactancia, personas adultas mayores y niños, niñas y adolescentes”.
Según denunció el MULTI fue una diputada federal suplente de Morena, Emelia Ortiz García, del distrito de Tlaxiaco, quien encabezó al grupo del MULT que impidió el acceso de las familias a su comunidad, pero durante siete meses se negoció para el retorno.