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El abogado Porfirio Flores Zúñiga exigió a la Fiscalía General de Oaxaca y a la Secretaría de Gobierno aplicar de inmediato la Ley de Desplazamiento Forzado para sancionar a las autoridades municipales involucradas en la expulsión y desplazamiento forzado del pastor evangélico Mariano Velásquez Martínez y su familia de Santiago Malacatepec, población del municipio de San Juan Mazatlán Mixe.
Mediante un comunicado, explicó que Mariano Velásquez fue privado ilegalmente de su libertad durante cinco días por negarse a arrodillarse y rezar ante una imagen religiosa católica, argumentando sus convicciones cristianas, y pese a que ya había aceptado de manera forzosa, aceptar el cargo de Mayordomo de la festividad del santo católico Santiago Apóstol de la comunidad.
El pastor evangélico, quien desde el año 2015 ejerce su ministerio, fue liberado después de cinco días, pero a cambio pagó una multa y fue obligado a firmar un documento en blanco, el cual se teme sea utilizado para fabricar una supuesta "salida voluntaria" y así evadir responsabilidades legales por lo que es, una expulsión forzada.
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Su liberación, aseguró, ocurrió bajo graves irregularidades y hostigamiento, derivando en el destierro de él y su familia, un acto que hoy está tipificado como delito grave en el estado.
Porfirio Flores mencionó que este caso de intolerancia religiosa se produce en un nuevo contexto jurídico en el estado, porque en septiembre de 2025, el Congreso de Oaxaca aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, y en la cual se reconoce que los conflictos de libertad religiosa son factores originarios de desplazamiento forzado, y éste fue tipificado como un delito con penas de hasta 18 años.
“Los responsables de provocar el desplazamiento de la familia Velásquez Martínez podrían enfrentar penas de 10 a 18 años de prisión, además de multas de hasta dos mil días de UMA”, apuntó.
La expulsión del pastor evangélico y su familia de la comunidad de Santiago Malacatepec, además, tiene agravantes porque la ley contempla un aumento en las penas dado que el delito fue cometido por autoridades locales, servidores públicos, y en un contexto de violencia y hostigamiento familiar.
El abogado recordó que el municipio de San Juan Mazatlán Mixe tiene un historial crítico de intolerancia. En 2023, precisó, seis familias fueron expulsadas de San Pedro Chimaltepec por motivos similares. “Sin embargo, con la nueva legislación vigente, las autoridades estatales tienen la obligación de actuar penalmente contra los responsables en Santiago Malacatepec”, señaló.
Ante esto, también demandó brindar medidas de protección y reparación integral para el pastor y su familia, garantizando su seguridad fuera de la comunidad; e intervenir en el municipio de San Juan Mazatlán para poner fin a la persecución sistemática por motivos de fe.
“La libertad de culto no es una concesión de las autoridades comunales, sino un derecho humano inalienable que el Estado debe proteger”, manifestó Porfirio Flores.
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