Desde la ONU, piden al Estado mexicano informar acciones en beneficio de dos activistas presos en Oaxaca
A través de una "Accion Urgente" solicitaron garantizar que estos defensores, incluidos también otros más de Chiapas y Querétaro, puedan llevar a cabo su labor sin miedo a sufrir obstrucción en su trabajo.
Cuatro Relatores Especiales y un Grupo de Trabajo de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la “Acción Urgente UA MEX 14/2020”, dirigida al Estado Mexicano, expresaron su preocupación sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de Pablo López Alavez y Fredy García Ramírez, a quienes organizaciones civiles de Oaxaca los reivindican como defensores, activistas de derechos humanos o ambientales.
En la acción urgente también se refieren a los activistas José́ Luis Gutiérrez Hernández, César Hernández Feliciano (ambos de Chiapas) y Teresa Roldán Soría (Querétaro), por quienes solicitaron se garanticen sus derechos y se investiguen responsabilidades.
Sobre Pablo López Alavez, destacaron la gravedad de que como defensor ambientalista en San Isidro Aloápam permanezca en prisión más de 10 años, y que su detención “ha sido ya identificada como contraria a los derechos humanos a la libertad y seguridad personal, según la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria”.
Mientras que de Fredy García Ramírez, vocero del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, mencionaron en el documento que lleva más de un año en prisión preventiva, y que han recibido información sobre malos tratos cometidos en su contra.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por haber sido informados de que las detenciones y judicialización de los dos defensores oaxaqueños, pero también en el caso de los dos defensores chiapanecos —José́ Luis Gutiérrez y César Hernández—, que ha sido en represalia a su labor de defensa del medio ambiente y el territorio”, señalaron.
De la misma forma, alertaron sobre los impactos de la detención de personas defensoras durante la pandemia por Covid-19, y la falta de atención médica adecuada en este contexto.
Los Relatores y el Grupo de Trabajo de la ONU solicitaron información sobre las medidas adoptadas por el Estado Mexicano para garantizar que “las personas defensoras de derechos humanos en los estados de Oaxaca, Chiapas y Querétaro, en particular las y los defensores de los derechos ambientales, puedan llevar a cabo su labor sin miedo a sufrir obstrucción en su trabajo o actos de intimidación o violencia de ningún tipo.”
Finalmente, instaron al Estado Mexicano a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos, investigar y procesar a los responsables y comprometerse a la no repetición de las violaciones denunciadas por Pablo López Alavez, Fredy García Ramírez, José́ Luis Gutiérrez Hernández, César Hernández Feliciano (ambos de Chiapas) y Teresa Roldán Soría (Querétaro).
La Acción Urgente fue enviada al Estado Mexicano el 22 de diciembre 2020 y publicada a finales de febrero 2021.
Está suscrita por Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos; Elina Steinerte, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; David R. Boyd, relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; Clement Nyaletsossi Voule, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
