La ley también contempla la creación de un registro de personas desaparecidas, su administración, integración y el procesamiento de la información, de acuerdo con un comunicado difundido por el Congreso.
Además, la nueva legislación “busca contribuir al esclarecimiento de los hechos en que se presumen actividades delictivas, conseguir la identificación plena y la posterior reincorporación social y familiar de las personas que así lo necesiten”.
Para que se lleve a la práctica, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas deberán realizar adecuaciones a sus reglamentos, de conformidad con lo establecido.
La nueva legislación está conformada con 105 artículos distribuidos en 11 capítulos, en los que quedan establecidos los derechos de las víctimas, las responsabilidades de las dependencias involucradas y su actuación ante diversos escenarios.
En Oaxaca no existe un registro público oficial que dé cuenta del número exacto de personas que se encuentran desaparecidas en la entidad.
No obstante, de acuerdo con organizaciones de familiares de personas desaparecidas, como Sabuesos Guerreras Oaxaca, existen al menos 3 mil personas en esa situación en los últimos cuatro años.
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