Estatal | 03-02-23 | 01:02 | Actualizada | 13-04-25 | 18:05 |
Juchitán. – El gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos decretos que confirman la expropiación, por causa de utilidad pública, de una superficie de 412 hectáreas en Ciudad Ixtepec y de 502 en Santa María Mixtequilla, a favor del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Como ha informado EL UNIVERSAL, en ambos parajes comprados por el gobierno federal a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), el CIIT contempla la participación del sector privado nacional e internacional para instalar parques industriales o polos de desarrollo para el bienestar (Podebis) que impulsen la creación de empleos en la región istmeña.

De acuerdo con el decreto publicado en la edición de ayer jueves 2 de febrero del DOF, el gobierno mexicano, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pagó 111 millones 447 mil pesos a los comuneros y posesionarios de Ciudad Ixtepec, quienes además mantienen su exigencia para que el CIIT construya puentes y rehabilite un canal de riego.

En el decreto que establece la expropiación de las 502 hectáreas de Santa María Mixtequilla se aclaró que el gobierno federal aportó un anticipo de 40 millones de pesos de un total de 130 millones de pesos que deberá cubrir en su totalidad el CIIT que, en conjunto con la Secretaría de Economía, en breve licitarán a quienes tengan interés en invertir en los Podebis.

De los tres parques seleccionados por el CIIT en el Istmo oaxaqueño, sólo falta el decreto expropiatorio de unas 300 hectáreas de tierras de El Pitayal, del municipio de San Blas Atempa, donde hay una férrea resistencia de los campesinos agrupados en la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y de la Asamblea de Pueblos Indígenas por la Defensa de la Tierra y el Territorio.

Comuneros y posesionarios de San Blas Atempa presentaron ante el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec una demanda de nulidad contra la asamblea comunal del 14 de marzo de 2021, que autorizó la venta de las tierras y la instalación de un parque industrial, debido a que, argumentaron, fue irregular porque registró firmas de personas fallecidas y ausentes.

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