Familias de 7 presos políticos mazatecos logran acompañamiento de gobierno y Tribunal Superior de Oaxaca

Oaxaca de Juárez.- Después de más de ocho años de lucha, las familias de siete indígenas mazatecos originarios de Eloxochitlán de Flores Magón considerados presos políticos lograron que tanto el gobierno de Oaxaca como el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEO) instalen mesas de acompañamiento para lograr su liberación.

Uno de ellos, Isaías Gallardo Álvarez, acusado de asesinar a Gustavo Estrada Andrade, obtuvo su libertad el 20 de diciembre pasado, tras la sentencia absolutoria del Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez. Desde 2018, ganó un amparo en el que se estableció que no se puede comprobar su participación en el homicidio; no obstante, logró salir cuatro años después.

En el 2014, decenas de indígenas mazatecos fueron acusados de homicidio y tentativa de homicidio de un hijo de Manuel Zepeda, expresidente municipal de Eloxochitlán de Flores Magón, y hermano de la exdiputada local y actual secretaria de las Mujeres de Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas.

 

 

A lo largo de estos años, se ha demostrado que se fabricaron pruebas para inculpar a los siete indígenas presos y varias decenas más, lo que provocó el desplazamiento forzado de familias en esta zona de la Sierra de Flores Magón.

Desde ese año están presos sin sentencia Jaime Betanzos, Fernando Gabito, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Omar Hugo Morales, Isaías Gallardo y Francisco Durán.

En diciembre de 2018 fueron considerados como injustamente presos dentro del Programa de Andrés Manuel López Obrador para liberar a presas y presos políticos; también están reconocidos como indígenas con derechos violados y delitos fabricados, en el marco del Convenio del 4 de julio de 2022 emitido por el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Arturo Zaldívar Lelo De Larrea.

Mientras que el exvicefiscal de la Fiscalía de Oaxaca Alejandro Magno González Antonio reconoció en junio de 2021 que el caso está lleno de inconsistencias.

Los presos políticos indígenas mazatecos cuentan con 20 sentencias de libertad firmes y más de 13 amparos ganados entre 2015 y 2019; en 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la documentación del caso y prometió darle atención inmediata.

 

 

Acompañamiento hasta que sean liberados

 

Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos, señala que las familias fueron recibidas por la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego) y se comprometieron a instalar un equipo de acompañamiento.

“El entendido que tenemos es que no nos va a soltar hasta que tengamos las liberaciones. El compromiso del área de Gobernación es el acompañamiento y no nos soltaría hasta que logremos el objetivo”.

Las familias también lograron tener comunicación con el TSJEO, al que enfrentaron por las resoluciones negativas a favor de las 20 libertades que ya había determinado el mismo tribunal.

 

 

“Confrontamos en el sentido de que estas cosas no son una casualidad, sino que medió corrupción, conflicto de interés y de otro tipo de circunstancias. Obviamente el tribunal no acepta abiertamente, pero tampoco puede negar una realidad y una expresión que se le hizo ver es que desde luego los funcionarios tienen que ser imparciales y la justicia no es ciega, porque el hecho de ser ciega raya el desconocer elementos tan evidentes a favor de la inocencia de los siete presos mazatecos”, dice Betanzos.

Finalmente, detalla, el TSJEO aceptó asignar un equipo de acompañamiento durante esta última etapa, en la que los siete indígenas presos políticos van a sentencia.

Argelia Betanzos explica que crearán un calendario a partir de que los jueces de Huautla de Jiménez señalen el día en que recibirán las conclusiones. A la fecha, el Juzgado de Huautla fue omiso en acordar fechas, pero a partir de las mesas que se instalaron con el gobierno del estado y el Tribunal Superior de Justicia, este proceso se aceleró.

 

 

“Es importantísimo en la medida que la sociedad conozca este caso de injusticia, incluso en el mundo es inconcebible que los presos estén ocho años y que no se les haya dictado sentencia en cualquier sentido.

“Es inconcebible, lo más violatorio, lo más grave que le han hecho a nuestros compañeros es que ni siquiera les han permitido llegar a una sentencia por alargar todos los trámites. Eso es muy grave aquí y en todo el mundo. La propia constitución dice que no deben estar más de dos años y que de inmediato se les debe dictar sentencia. Pues acá el juez de Huautla no le ha importado ese artículo y eso ya es cometer un delito”, señala.

Para empezar, agrega, el simple derecho a que se les dictara una sentencia final no lo tenían garantizado “porque el juez hacía cualquier cosa y artimaña con el objetivo de alargar el proceso y que los compañeros no llegaran siquiera a sentencia final”.

 

 

Por ahora, lograron que comenzara el proceso para los juicios en los que se dictó libertad para Isaías Gallardo, mientras que están a la espera de la sentencia para Omar Hugo; sin embargo, apuntó que no hay certeza sobre el sentido de la resolución que falta.

“Invitamos a la sociedad para que conozca los motivos de inocencia y eso fortalezca la exigencia unificada de todos y todas por la libertad de los mazatecos”, dijo.