La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Oaxaca negó que estén “congeladas” las investigaciones por presuntas irregularidades en el ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, durante el periodo del expresidente municipal y actual diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Dante Montaño Montero.
En un comunicado, aseguró que los hechos señalados corresponden a investigaciones que se desarrollan conforme a los plazos, etapas y procedimientos previstos en la legislación aplicable.
Lo anterior, luego de que la diputada local de Morena, Daniela Taurino, denunció en la tribuna del Congreso del Estado que las investigaciones contra Dante Montaño “no pueden seguir congeladas”, y sostuvo que las denuncias contra el exedil y actual legislador pietista “llevan años arrastrándose entre expedientes y silencios”.
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De acuerdo con Daniela Taurino, existen presuntas irregularidades administrativas, obras que nunca se ejecutaron, posibles inconsistencias fiscales y acusaciones relacionadas con violencia política en razón de género, contra el expresidente municipal de Santa Lucía del Camino.
La legisladora morenista exigió a la Fiscalía Especializada actuar de forma inmediata y permita que los órganos jurisdiccionales determinen responsabilidades conforme a derecho.
En respuesta, la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca dijo que garantiza que todas las actuaciones ministeriales se realizan con estricto apego a derecho, “salvaguardando el debido proceso y los derechos de todas las personas involucradas, sin distinción de cargo público, función o posición política”.
“En atención al exhorto formulado por la Diputada Sandra Daniela Taurino Jiménez, la Fiscalía reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la autonomía en el ejercicio de sus funciones e informa que los hechos señalados corresponden a investigaciones que se desarrollan conforme a los plazos, etapas y procedimientos previstos en la legislación aplicable”, afirmó.
Y apuntó que la Fiscalía actúa de manera independiente, objetiva e imparcial, “privilegiando en todo momento el interés de la justicia, la observancia del marco constitucional y el cumplimiento de su mandato legal”.
Finalmente, agregó que continuará impulsando las diligencias ministeriales y actos de investigación necesarios hasta agotar la etapa de integración de las carpetas correspondientes, con el propósito de reunir los elementos de prueba suficientes que permitan, en su caso, formular imputación ante la autoridad judicial competente.
“Todo ello se realizará conforme a los principios de legalidad, objetividad y profesionalismo, a fin de que sea el órgano jurisdiccional quien determine lo que en derecho corresponda, con base en pruebas válidamente obtenidas y en estricto apego al marco normativo vigente”, sentenció.